El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al hijo y al hermano del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, y a otros cinco directivos de la firma gallega y de sus sociedades en la causa abierta por falsear las cuentas de la compañía causando pérdidas a los inversores.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha admitido a trámite la querella presentada por la entidad Luxempart, una sociedad accionista y consejera de la firma gallega que denuncia haber sufrido pérdidas de 52.061.445 euros como consecuencia de diferentes inversiones realizadas en Pescanova durante los años 2011 y 2012 que fueron inducidas por la información proporcionada por los consejeros y altos directivos contra quienes se han querellado.
Los nuevos imputados son Pablo Javier Fernández Andrade, hijo del presidente de la compañía y exdirector general en Inverpesca S.A.; Fernando Fernández de Sousa-Faro, hermano del presidente de Pescanova y miembro de la comisión de Auditoría y representante del consejero ICS Holding LTD; y Robert Albert Williams, consejero y miembro de la comisión de Auditoría.
También se encuentran Jesús García García, representante del consejero Sociedad Gallega de Importación de Carbones S.A.; Joaquín Viña Tamargo, responsable de Auditoría Interna y relaciones con los inversores; Antonio Táboas Moure, director financiero; y Alfredo López Rusos, director de Administración.
La acción judicial se dirige además contra las sociedades ICS Holding Limited, Inverpesca S.A., Inverlema S.L y Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones S.A.
El magistrado, que recuerda que los hechos denunciados por Luxempart coinciden en gran parte con lo expuesto por la Fiscalía y el resto de querellantes, admite a trámite la querella por presuntos delitos de falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales, y estafa, sin perjuicio de la definitiva calificación jurídica de los hechos que resulte de la instrucción de la causa.
La acusación particular denuncia que estos directivos, «con conciencia de su falsedad», presentaron «una imagen económica y patrimonial positiva de Pescanova y de su grupo de sociedades, cuando meses después la misma fue declarada en concurso de acreedores».
En un auto, dado a conocer este viernes, el juez solicita al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas copia certificada de cualquier informe, expediente informativo o sancionador o actuaciones de control técnico que haya incoado en relación con los trabajos de auditoría de cuentas de Pescanova por parte de BDO Auditores S.L. o cualquiera de sus socios.