El Gobierno está dispuesto a poner coto a los abusos en las relaciones comerciales entre la industria alimentaria y la distribución, pero también hacia el sector productor:ganaderos y agricultores.
El anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria prohibirá así prácticas como la modificación unilateral de los contratos y la exigencia de pagos comerciales no previstos, limitará el suministro de información comercial a la distribución y sancionará a los incumplidores.
Según el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales en este Anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se prevé ?un régimen de sanciones?.
El Ejecutivo impondrá multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución, que cometan prácticas abusivas en el sector alimentario.
El Gobierno considera que en el sector agroalimentario hay grandes desequilibrios en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, asimetrías que afectan al poder de negociación de las partes, que no existe transparencia a la hora de ajustar los precios y hay prácticas muy negativas que afectan a la competencia.
El objetivo de este anteproyecto es conseguir un mayor equilibrio entre las partes que beneficie a los productores, especialmente a los pequeños, y una mayor transparencia en las relaciones comerciales que beneficiará a los consumidores.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subraya así que este anteproyecto y el referido a la integración de las cooperativas forman parte de una reforma estructural muy importante para el sector agroalimentario, para favorecer la posición de los pequeños productores y su posición respecto a la internacionalización.
El sector agroalimentario, junto con el de bienes de equipo, es el que más ha incrementado este año sus exportaciones, y hasta agosto han crecido un 12 por ciento respecto a 2011.
En España hay 989.787 explotaciones productoras, 29.334 empresas industriales y una concentración de la distribución que implica que los cinco primeros operadores concentren el 40,3 por ciento del mercado en valor del total alimentación.
El Gobierno ha aprobado asimismo un real decreto con el objetivo de lograr que las cooperativas crezcan en dimensión y capacidad y sean más competitivas. La meta fomentar la fusión e integración de productores para la constitución o ampliación de entidades asociativas de carácter agroalimentario de ámbito supraautonómico.