La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha votado este martes la propuesta de la Comisión Europea (CE) que plantea retrasar las subastas de derechos de CO2 para que aumente el precio de estos títulos en el mercado de emisiones.
El objetivo de esta iniciativa es lograr que los títulos de CO2, que actualmente se encuentran a un precio de 4,9 euros la tonelada, alcancen los 20 euros para equilibrar el sistema de comercio de emisiones, de forma que se incentive su reducción. "Actualmente este mercado está marcado por un fuerte superávit de derechos, que viene del anterior periodo (2008-2012), y que continuará en la fase tres (2013-2020), porque las empresas pueden pasar los derechos de un periodo a otro", explica Iria Flavia Peñalva, responsable de Proyectos de Factor CO2.
Una de las principales causas de este exceso de permisos es que los cálculos para otorgar derechos gratuitos a cada instalación y derechos para las subastas se hicieron cuando la crisis económica no era tan profunda. Sin embargo, la situación ha cambiado desde entonces y la realidad es que la actividad de la industria ha descendido y a consecuencia también lo han hecho las emisiones de CO2, por lo que su precio en el mercado es menor.
Según Santiago Oliver, director de Medio Ambiente de Unesid, la Asociación de empresas siderúrgicas, "no tiene sentido que con la situación que atravesamos el precio de los derechos suba, ya que no hay demanda de CO2. Los precios actuales son el resultado de un funcionamiento normal del mercado".
En la misma línea se pronuncia Fernando Soto, director general de la Asociación de empresas de gran consumo de energía (Aege), que asegura que la retirada de derechos supone una modificación de las reglas de juego y "una manipulación del mercado, creando inseguridad jurídica, para provocar un incremento artificial de los precios del CO2". Esta iniciativa, que según la CE pretende devolver el sentido al comercio de emisiones como una herramienta para incentivar a la industria a ser menos contaminante, fue valorada ya el pasado mes de enero por la Comisión de Industria, que mostró una oposición rotunda.
Desde Unesid recalcan que el sector está de acuerdo con los principios que promueve, sin embargo sólo lo apoyarían si otros sectores equivalentes tienen compromisos equiparables. "El acero, al igual que otros materiales sometidos a este mercado, se comercializa mundialmente, lo que no puede ser es que el acero europeo tenga una penalización, esto directamente te saca del mercado". "De que te sirve ser muy verde si no vendes ni una sola tonelada de acero", indica Oliver.
Por su parte, Fernando Soto hace hincapié en que "los elevados costes de la electricidad ya suponen por sí solos un fuerte incentivo a la industria para reducir sus consumos. Sólo nos faltaba que el factor del CO2 sea otro componente multiplicador del coste eléctrico, superior al ya habido hasta la fecha".
Desde Aspapel, según subraya su director general, Carlos Reinoso, consideran que es importante que los Gobiernos de los distintos países no caigan en la tentación de valorar esta propuesta únicamente desde un punto de vista recaudatorio. "Si lo convertimos en ese mero instrumento, será mejor que pensemos en un impuesto directo y no utilicemos un falso mercado para ello". "Nosotros hemos trasladado al Ministerio nuestra preocupación y esperamos que España tenga una voz muy activa, porque esta medida afectaría a nuestra competitividad", indica Reinoso.
