El carbón nacional tiene un gran reto por delante: defenderse de las duras acusaciones del resto del sector eléctrico y que sólo busca eliminar a un agente para copar una mayor cuota de mercado. La directora general de la Asociación, Mercedes Martín, lo tiene claro.
No se va a dejar amedrentar por los grandes colosos y, de hecho, acaban de lidiar un duro enfrentamiento en los tribunales europeos por la medida impulsada el pasado año para incentivar el carbón nacional y que sigue siendo objeto de muchas críticas, incluso en el reciente informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para reformar el sector energético.
¿Por qué tiene tan mala prensa el carbón nacional?
Es un sector fácilmente atacable porque existen una serie de falsos mitos. De hecho, no es más caro ni contamina más que el importado. Y es que en el carbón internacional no están internalizados los costes del transporte. Tampoco se tiene en cuenta lo que contamina ese mineral durante el transporte y hay que recordar que se importa de Indonesia o de Sudáfrica, a lo que hay que sumar el traslado en camión desde la costa hasta las centrales. Con todo, el carbón importado emite un 6% más que el nacional.
¿Cómo han evolucionado las centrales para cumplir con los requisitos medioambientales?
Estas centrales han realizado inversiones para adaptarse a los más exigentes requisitos medioambientales. Respecto al azufre, es un problema superado tecnológicamente desde hace años porque se han instalado desulfuradoras en todas las centrales.
¿Qué opinión le merece la propuesta de la CNE de acabar con las ayudas al carbón nacional a través del mecanismo de restricciones?
En este punto, estamos muy perplejos, porque el Regulador por un lado valora la medida en 400 millones al año, pero por otro lado dice que el procedimiento de restricciones por garantía de suministro no será necesario en el 93% de las ocasiones, debido a los niveles de precios del mercado diario. Si esto va a ser así, el sobrecoste anual del Real Decreto no sería de 400 millones de euros sino de 28 millones de euros.
¿Cómo afecta actualmente la medida al sistema?
Concretamente, la bondad de este Real Decreto es que se autorregula y sólo entra en el sistema cuando es necesario. Actualmente con precios tan altos como los actuales no es necesario que entre en funcionamiento.
Sin embargo, siguiendo el razonamiento de la CNE, el ahorro por su eliminación sería mínimo, mientras que las consecuencias de acabar con la medida serían devastadoras para el sector de la minería en España y con un coste mucho más elevado.
Otra de las medidas del regulador pasa por cerrar las minas de cielo abierto, ¿cómo afectaría al sector?
Si se paraliza la extracción de carbón de cielo abierto, ésta no tendrá combustible para consumir. Y si se ve abocada a cambiar de tipo de combustible, deberá hacer una obra con una inversión asociada como mínimo de 300 millones de euros. Estamos hablando de cerrar el 55% de la producción española. Es más estamos hablando de la minería más competitiva, capaz de garantizar el abastecimiento para más de 80 años. Además no se valoran los costes asociados a ese cierre, que estarían sobre los 2.000 millones de euros y la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo.
¿Qué le diría a aquellos que últimamente han demonizado el carbón nacional?
Les diría que en el Noroeste si se quitan las centrales de carbón no hay con qué suministrar electricidad. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos minas para poner ciclos combinados? Entonces generamos más costes. Durante este tiempo, nosotros no nos hemos metido con nadie, no criticamos las renovables, sólo queremos nuestra parcela. Esperamos que se recupere la demanda y que se vuelvan a generar huecos de térmicos, donde el carbón es imprescindible.
