Por Walter Bianchi y Maximiliano Rizzi
BUENOS AIRES (Reuters) - Un fiscal de Argentina dijo el viernes que continuará con una investigación de su colega Alberto Nisman, que apareció muerto el mes pasado tras haber imputado a la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento en la causa abierta por un trágico atentado antisemita de hace dos décadas.
El fiscal Gerardo Pollicita se hará cargo de continuar con la denuncia iniciada por Nisman en la que se plantea un complot oficial desde el Gobierno que, además de la presidenta, implica a su canciller y a un legislador del país.
"Corresponderá en lo sucesivo iniciar la pertinente investigación con miras a comprobar, en base a los elementos de convicción que se vayan incorporando", dijo Pollicita en una nota oficial enviada al juez Daniel Rafecas, designado al frente del caso.
El magistrado volvería anticipadamente de sus vacaciones en el verano austral para tomar las riendas del caso y evaluar medidas de prueba que el fiscal Pollicita habría solicitado, dijeron el viernes medios locales.
Expertos han aclarado que la imputación de la presidenta no implica que vaya a ser llamada a declarar por las acusaciones, algo que había solicitado Nisman en su denuncia.
El Gobierno ha dicho que la denuncia de Nisman es absurda y algunos expertos la consideraron débil por no contar con evidencias concretas.
"En principio, resultan imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones la Sra. Cristina Fernández de Kirchner ?Presidenta de la Nación-, los Sres. Héctor Marcos Timerman ?Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación", entre otros.
Nisman fue encontrado muerto el domingo 18 de enero en su departamento junto a un arma de fuego, en un hallazgo que conmocionó a la sociedad argentina y a la dirigencia política.
Aunque la hipótesis más fuerte es que pudo haber sido un suicidio, no se ha descartado que haya sido instigado o un homicidio, en medio de una oscura trama que involucra a los servicios de inteligencia.
Nisman había estado por más de una década a cargo de investigar el atentado a la mutual judía AMIA, que terminó con la vida de 85 personas. El fiscal denunció a mediados de enero la existencia de un plan gubernamental para desviar la pesquisa y encubrir a los iraníes acusados por ese ataque a cambio de beneficios comerciales.
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