La mala gestión costera cuesta 100 millones al año: Greenpeace

MADRID (Reuters) - El mantenimiento de las actuaciones inadecuadas que se han ido realizando en el transcurso de los años en la costa española cuesta al Estado unos 100 millones de euros al año, dijo el jueves Greenpeace en la duodécima edición de su informe "Destrucción a toda costa 2012".

Las principales partidas contempladas en los presupuestos del Gobierno se destinan en poner "parches" a obras como la regeneración de las playas, los dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos, apuntó el colectivo ecologista, señalando que el gasto se multiplica por la inversión que realizan también las comunidades autónomas.

Hasta 2100, la mala gestión de la costa española se llevará un total de 8.000 millones de euros, explicó el informe. Además, la escasa atención que según Greenpeace se da al cambio climático supondrá un desembolso de 3.415 millones de euros en el mismo periodo por "la intensificación de los temporales y las sequías, así como la subida del nivel del mar".

Para compensar las pérdidas, Greenpeace propone que se potencie el turismo sostenible. Para ello, el Estado debería invertir alrededor de 5.000 millones de euros en la recuperación de la costa, que apuntan equivale al tres por ciento de lo que genera el turismo de costa al año, para aumentar las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres - bien con la compra de terrenos para su protección o el derribo de construcciones ilegales - y restaurar zonas de alto valor ambiental y económico.

Además del evidente beneficio para el medio ambiente, con la puesta en marcha de estas recomendaciones Greenpeace asegura que en 2020 se obtendría un beneficio de 18.600 millones de euros del turismo, uno de los principales motores económicos del país, inmerso en una profunda crisis económica, con su sector bancario pendiente de una ayuda europea de hasta 100.000 millones, importantes recortes en el estado del bienestar y subidas de impuestos.

El turismo supone además un balón de oxígeno para otro de los principales problemas de la economía nacional, el paro, con casi uno de cada cuatro trabajadores desempleado, que se ve aliviado por las contrataciones temporales del sector servicios para la temporada estival.

Greenpeace denuncia también en su informe que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral, hace que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa, aunque desconfía de que el texto de la nueva Ley de Costas, que podría aprobarse de inmediato, vaya a suplir estas carencias en lugar de "contentar a aquellos que permitieron barbaridades".

"Nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significará un retroceso en la conservación del litoral", dijo la responsable de la campaña de Costas, Pilar Marcos, en un comunicado.

El colectivo recordó que España tiene todavía abiertos tres procedimientos de la Unión Europea por contaminación del agua en la costa, que podrían acabar en "una multa de otros 100 millones, cantidad equivalente a la recortada este año en Justicia".

PATRIMONIO NATURAL

La mala gestión de la costa y la autorización de obras con alto impacto en el litoral han supuesto la pérdida de casi el 60 por ciento de la superficie de humedales costeros, o el 70 por ciento en el caso de las lagunas costeras. Solo el 20 por ciento de los sistemas dunares se mantiene en buen estado de conservación.

En su análisis de los problemas a los que se enfrentan las comunidades autónomas, Greenpeace destacó - además de regeneraciones de playas y dunas y depuración de aguas- la importante inversión que será necesaria para afrontar el derribo de las numerosas construcciones ilegales que se extienden por toda la costa española como un recordatorio de lo que fue el sector de la construcción en las últimas décadas, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

El hotel construido hace una década en la playa de El Algarrobico, en un paraje de alto valor ecológico en Almería, sigue formando parte de la lista de temas pendientes de Greenpeace, aunque el Tribunal Supremo falló el pasado marzo que el edificio violaba la normativa vigente de Costas, abriendo una vía para su demolición que, según el colectivo, costaría siete millones de euros.