El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha admitido al término de la reunión del Consejo de Ministros que la Ley Sinde formó parte de la deliberación pero que finalmente "no se aprobó y quedó encima de la mesa". Aunque la fractura en el seno del Ejecutivo y del propio PSOE ha sido total, aún queda un último Consejo.
La batalla del ministerio de Cultura contra el de Justicia e Industria ha fracturado al Ejecutivo, agarrotado por el rechazo a la ley de muchos miembros del PSOE que consideran que su aprobación sería un desastre para el partido, en horas bajas tras el hundimiento del 20-N.
Sin embargo, y a la vista del acuerdo con el PP, el suspense continúa porque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra Ángeles González-Sinde dieron su palabra a un amplio espectro del sector audiovisual del país.
La tensión en el Consejo de Ministros ha sido máxima a juzgar por las informaciones que recoge el diario ABC, que apunta que José Blanco dijo que la aprobación de la Ley Antidescargas sería el fin del PSOE.
Varios miembros de la dirección del PSOE, entre ellos las diputadas Elena Valenciano y María González Veracruz, que es además responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, han dejado claro su rechazo a que el Consejo de Ministros aprobara este viernes el reglamento.
Este rechazo es compartido otros dirigentes del PSOE, ya que según han relatado a Europa Press fuentes socialistas, el pasado sábado, una parte del Comité Federal del partido recibió con aplausos una intervención contraria a que el Consejo de Ministros en funciones aprobase el reglamento.
La intrahistoria de la no aprobación
Esta misma mañana el ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, adelantó que el Consejo de Ministros llevaría el tema "en el orden del día" con el "acuerdo" del PP. Y el aparente consenso con el futuro Gobierno del PP hizo dar por hecho que se aprobaría el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.
"Va en el orden del día el decreto tan famoso. El PP está de acuerdo", dijo Jáuregui, que la semana pasada manifestó que la Ley Antidescargas debía ser consensuada con el Partido Popular.
Desde las filas populares pronunció su portavoz en el Parlamento, Soraya Sáenz de Santamaría. La popular admitió esta mañana que su formación había "permitido" al Gobierno en funciones que aprobara la polémica Ley.
Según explicó, el PP prefería una reforma amplia de la norma reguladora que permitiera sustituir el canon digital por otra forma de retribución de la propiedad intelectual. Sin embargo, el Ejecutivo socialista les comunico que "no estaban en condiciones" de tener lista dicha modificación, por lo que finalmente han preferido que esta normativa "parcial" salga adelante.
¿En qué consiste la polémica ley?
Jáuregui explicó que el reglamento que desarrolla la Ley Sinde supone un "sistema cargado de garantías de intervención judicial para perseguir el comercio fraudulento".
El desarrollo de la ley pretende evitar las descargas sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor y contiene la creación de una comisión de la Propiedad Intelectual, integrada por una serie de representantes de ministerios, que controlará el cumplimiento de la misma.
El ministro añadió que dicha comisión todavía no se había creado y era necesario hacerlo porque es un desarrollo de la ley. También ha comentado que la creación de la comisión "fue llevada al debate de los diferentes ministerios y también ha sido hablada con el PP".
De hecho, Esteban González-Pons, vicesecretario general de comunicación del PP, dijo el pasado martes en un almuerzo con AEDE (Asociación de los Editores de Prensa Españoles) que "en España nos creemos que todo lo que está en Internet es gratis".
La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, quedando pendiente de regulación. Esta ley se envió al Consejo de Estado a finales de octubre y a partir de ese momento ya podía ser aprobada por Real Decreto en el Consejo de Ministros.
Desde que se conoció el contenido del anteproyecto de ley hace dos años, este conjunto de reformas ha provocado una constante controversia, en Internet y fuera de ella.
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