Entre la actuación administrativa y el daño tiene que haber una relación de causalidad, una conexión de causa a efecto, pues la Administración sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia actividad o por sus propios servicios. Este necesario nexo causal, que no necesariamente ha de ser directo, inmediato y exclusivo, puede ser también indirecto, sobrevenido y concurrente con hechos dañosos de terceros o de la propia víctima, siempre que haya algún punto de conexión entre el daño y el servicio público.
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