La pretensión de un ente público de obtener un doble pago nunca puede justificarse de modo inexorable y en ningún caso puede ser una consencuencia lógica, natural y jurídica del sistema de retenciones, por lo que es abuso de derecho y se califica como doble imposición, según sentencia de la AN, de 10 de diciembre de 2010.
Consulte la sentencia