
Barcelona, 20 jun (EFE).- La patronal Foment del Treball ha pedido este jueves al Govern que retire el decreto con el que busca contener el precio del alquiler en Cataluña, porque con medidas como esta se puede "paralizar" el sector inmobiliario, "deslocalizar" inversiones y se aumentarán los precios del alquiler, ha advertido.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, acompañado del presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Lluís Marsà, ha criticado tanto este decreto del Govern como la normativa de Barcelona que obliga a destinar un 30 % a vivienda protegida en las nuevas promociones, que también daña al sector, ha denunciado.
Sánchez ha solicitado al Govern que renuncie a convalidar este decreto la próxima semana en el Parlament, porque además de ser "muy lesivo" para el sector de la vivienda, ha dicho, es "totalmente inconstitucional", según el Consejo de Garantías Estatutarias.
"La no retirada de este decreto llevaría a que muchas inversiones previstas para la construcción de la vivienda de alquiler se paralizarían y se deslocalizarían", ha alertado Sánchez Llibre.
En opinión de los promotores catalanes, esta medida también puede disuadir a muchos propietarios de poner viviendas en alquiler, reduciendo así aún más la oferta existente en ciudades como Barcelona.
Sánchez Llibre ha recordado que el Gobierno español puede "impugnar" este decreto ante el Tribunal Constitucional, dado que las competencias en esta materia corresponden a la administración central, aunque no ha especulado con cuál puede ser la reacción del Ejecutivo a esta normativa autonómica.
Por otra parte, Sánchez Llibre también ha dicho que trasladará a los nuevos responsables del Ayuntamiento su oposición a la modificación del Plan General Metropolitano para instaurar esa reserva del 30 % para la vivienda protegida, porque esta medida "reduce la oferta de vivienda e incrementará los precios", ha concluido.
A juicio de Foment, que hoy ha presentado un informe titulado "La vivienda: su importancia económica y social", las nuevas normativas inmobiliarias de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona generan inestabilidad jurídica.
La patronal catalana Foment reclama por su parte al Gobierno español que aumente la dotación económica destinada a la promoción de vivienda desde el 0,1 % actual del PIB a como mínimo un 0,6 %.
Y es que Foment ha denunciado que los recursos destinados por el Estado a vivienda y a fomento de la edificación han caído un 61,5 % entre 2007 y 2018.
En el ámbito de Barcelona, la patronal plantea por ejemplo fomentar que bajos comerciales desocupados puedan utilizarse como vivienda, concediéndoles un doble uso (terciario y residencial).
Convertir suelos industriales de Barcelona en residenciales o modificar los parámetros de limitación de viviendas por habitantes son otras de las soluciones que propone Foment para estimular la construcción de vivienda.
Asimismo, los promotores catalanes denuncian que actualmente solo se construyen unas 14.000 viviendas al año en Cataluña, frente a las 25.000 que serían aconsejables.
En esta línea, Foment ha denunciado también que el área metropolitana tiene un potencial de suelo para más de 73.000 viviendas de protección oficial, y que el parque de vivienda nueva asequible en Cataluña es prácticamente inexistente, ya que en 2018 se acabaron 633 viviendas protegidas, un 90 % de ellas a cargo de promotores privados.
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