
Madrid, 11 abr (EFE).- El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha aprobado hoy, con el voto en contra del representante del PP, encargar un informe jurídico sobre la legalidad de la venta en 2012 y 2013 de 2.956 viviendas a fondos de inversión para analizar qué recorrido judicial puede seguir el proceso.
Los delegados de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, han informado a los periodistas de esta decisión adoptada por el consejo de administración de la entidad, convocado de forma extraordinaria tras conocerse el anteproyecto de la Cámara de Cuentas que cuestionaba la operación promovida por el anterior equipo de Gobierno, del PP.
La Cámara de Cuentas cuestiona en un anteproyecto de informe de fiscalización las operaciones de venta de vivienda pública por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos, lo que supone un incumplimiento de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.
La venta de vivienda pública con el objetivo de reducir la deuda de la empresa municipal fue una de las decisiones más polémicas de la exalcaldesa Ana Botella, una operación sobre la que ahora la propia EMVS realizará un informe jurídico "que ponga de manifiesto si ha habido irregularidades y cuáles han sido", según la delegada Marta Higueras.
La responsable del área de la que depende la empresa pública de la vivienda ha mostrado su sorpresa por que, "después de un largo debate", el consejero del PP haya votado en contra de solicitar este informe jurídico
"Todos los demás hemos votado a favor", ha lamentado Higueras, que ha relatado que el PP justificaba su voto en contra en que prefería esperar a que el informe fuese definitivo.
"Les hemos dicho que tenemos mucha más documentación, que no es lo único que se va a analizar y que eso es un elemento más", ha indicado a los periodistas Higueras, que ha apuntado al 27 de abril como la fecha en que estará previsiblemente el informe definitivo de la Cámara de Cuentas.
"Ese retraso nos parecía que no tenía sentido", ha justificado.
En ese sentido, también el concejal de Economía y Hacienda ha comentado que ante la situación conocida en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) el Ayuntamiento "no puede quedarse mano sobre mano y esperando a no sabemos qué", aunque ha asumido que hasta que el proyecto no sea definitivo no podrá utilizarse "de manera judicial.
"Los informes jurídicos sirven para analizar cuál es el camino a seguir", ha comentado Sánchez Mato, que ha indicado que la política del Ayuntamiento será informar al consejo de administración de la EMVS de cada uno de los pasos que se vayan dando en materia judicial.
El informe estudia las operaciones de venta por 261,88 millones de euros de 6.844 inmuebles con protección -de los que 2.956 son viviendas- realizadas por el Gobierno de la ciudad, entonces encabezado por Ana Botella.
De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.
Además, estudia la venta de cuatro solares por 3,6 millones; y los traspasos de propiedad a favor del Ayuntamiento de 37 parcelas de la EMVS que obligan a la administración a asumir préstamos hipotecarios por 233,77 millones.
En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el borrador esgrime que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".
Esto contraviene, según la Cámara de Cuentas, el Reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado en 2008 y modificado en 2012, que "impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento".
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