"Está prácticamente a las puertas de las esperadas obras de edificación. Más del 90% de sus obras de urbanización ya se encuentran ejecutadas". Las declaraciones realizadas el pasado mes de agosto por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, durante una visita al nuevo barrio de Arroyofresno quedan hoy muy lejos.
Tan lejos como que ese día alrededor de 4.500 familias veían cada vez más cerca sus casas. Hoy, esas mismas familias que llevan esperando 13 años viven una auténtica pesadilla después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal junto a otros 21 barrios de Madrid.
Alguien no vio un cartel
"Y todo por un error material. O bien porque alguien no sabe leer los mapas o porque quien hizo los planos de actuación urbanística colocó la indicación de suelo protegido donde no debía por una cuestión de espacio", explica Antonio Álvarez, miembro del consejo rector de la cooperativa Mirador del Pardo.
La sentencia del Supremo declaró ilegal su desarrollo urbanístico al considerar que se ha recalificado suelo protegido en urbanizable. Sin embargo, según Álvarez, en Arroyofresno no hay ningún tipo de protección. Al parecer, en el mapa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984-1985 se puso un letrero de Suelo No Urbanizable (SNU) en la zona de suelo que sí lo era del Plan de Actuación Urbanística (PAU) de Arroyofresno por la insuficiencia de espacio. No obstante, el letrero iba acompañado de una flecha indicando el suelo que estaba realmente protegido. "Pero alguien no la vio", dice incrédulo Antonio Álvarez, que reconoce que contado así suena a broma. Pero no lo es. Y más como en su caso, ya que las 90 cooperativas del Mirador del Pardo deberán renegociar en julio sus préstamos con los bancos. "Pero, ¿cómo van a concedernos préstamos en esta situación de ilegalidad?", dice indignado Álvarez.
Los afectados han pedido al Ayuntamiento y al Tribunal Supremo de Justicia de Madrid que estudien una solución distinta para este PAU ya que la revisión de todos los barrios declarados ilegales por un defecto de forma puede demorarse un año. "Esto puede causarnos graves perjuicios cuando nuestro caso es totalmente diferente. Un error que alguien debe solucionar".
El Supremo declara ilegales 22 barrios
