
Madrid, 29 abr (EFE).- El Ministerio de Fomento no permitirá que las compañías constructoras de obra pública puedan hacer modificados en el valor de los contratos públicos que se adjudiquen por encima de un 10 por ciento de su valor inicial.
Así lo manifestó hoy el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor Morlán, durante la inauguración de la asamblea anual de la asociación de empresas de construcción de obra civil (Aerco).
Morlán dijo que el Ministerio quiere ser "responsable, riguroso y serio en las condiciones que frenan el desarrollo de la obra pública" en España y que, por ello, va a introducir en el nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) normas para acabar con algunos comportamientos habituales en el sector.
Entre ellos, reseñó que los modificados que superen el 10 por ciento del valor inicial de la obra supondrán la rescisión del correspondiente contrato, un requisito que el Ministerio de Fomento también ha empezado a exigir a aquellos proyectos ya adjudicados y en fase de construcción.
"Se está poniendo duro el mercado del modificado", aseguró Morlán, al tiempo que indicó que también serán exigentes con los plazos establecidos para la culminación de las obras.
El objetivo, dijo, es que los proyectos de construcción tengan los menores condicionantes posibles en el desarrollo de las obras y, por ello, también señaló que los estudios de desarrollo de los contratos serán ejecutados por las empresas de ingeniería, algo que hasta ahora realizaba en su mayor parte la Administración.
Estos requisitos formarán parte del PEI, que tiene como idea base "hacer más con menos", dijo Morlán, quien aseguró que el Gobierno tratará de hacer autovías sin duplicar ejes, ya que "no tiene sentido construirlas donde ya hay autopistas".
Asimismo, el plan tratará de facilitar el acceso a los entorno de las ciudades mediante la conexión de las vías de largo recorrido con circunvalaciones de los núcleos urbanos.
"No se puede dejar -la elección de un determinado proyecto- a la petición de un territorio", recalcó Morlán, y explicó que hay que ver si la infraestructura es económicamente rentable, socialmente necesaria o si existe otra alternativa de transporte.
El PEI comprende un convenio de financiación que será rubricado esta tarde por el Ministro de Fomento y los presidentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB).
Asimismo, movilizará una inversión de 17.000 millones de euros, el 70 por ciento para obras ferroviarias -que cuentan con los proyectos más avanzados y serán las primeras en ser licitadas- y el 30 por ciento restante, para carreteras.
"El plan sólo dará cabida a los contratos que estén ya redactados a falta de licitación", dejando fuera aquellos que no estén listos antes del fin de 2011 y a los que no cumplan con las condiciones de financiación de los pliegos, "que están ya muy avanzados".
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