Madrid, 24 jul (EFE).- La delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, ha hecho un un llamamiento a la prudencia y a a"respetar los tiempos" en el proceso de desafección de la Cañada Real, ya que aún hay que aprobar la nueva ley en la Asamblea de Madrid y alcanzar un acuerdo social.
Para el acuerdo social, Martínez auguró en declaraciones a la prensa que el Ayuntamiento "tiene muy claro lo que quiere hacer" y que incluso se podría tardar 24 horas en redactarlo, una vez cumplidos los requisitos anteriores.
Sin embargo reconoció que "estamos ante un problema complejo que arrastra desde hace 50 años y para abordarlo definitivamente hay que dar los pasos con prudencia".
"En la medida en que todos nos apoyemos, que exista consenso y que estemos todos unidos podremos abordar un problema tan complejo", según Martínez, quien agrego que "es cierto que el día 7 se produjo un primer paso importante, un acuerdo que dio paso a la tramitación de un borrador de anteproyecto de ley, pero hasta que no esté aprobada la ley en la Asamblea de Madrid ese paso no es definitivo".
Para Pilar Martínez, cuando el acuerdo social se aborde entre las tres administraciones "será cuando proceda la interlocución con los ciudadanos".
La delegada distinguió entre esta interlocución y "lo que es la interlocución con representantes legales de intereses, que serán por supuesto atendidos por los servicios jurídicos del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid".
Subrayó que "hay que esperar" y anunció que "se abrirá la interlocución con representantes vecinales una vez que se identifiquen esos representantes".
Sin embargo, "todavía no ha llegado ese momento. Para los ocupantes de la Cañada Real no hay nada nuevo y no habrá nuevo hasta que no se suscriba ese acuerdo social y ese acuerdo social no se producirá más que cuando se haya aprobado la ley en la Asamblea de Madrid".
En la Cañada Real "hay diferentes perfiles de personas. Hay personas que han actuado con comportamientos irregulares a lo largo de muchos años y esos tienen que tener un tratamiento diferenciado de las personas que padecen la exclusión social por diferentes motivos".
"No va a ser igual una persona que trafica con droga a un niño que ha nacido en la Cañada y no conoce esa sociedad en igualdad, en la que realmente está" indicó y argumentó que "se trata de dar a cada uno lo que le corresponde".
Así, a su juicio, "a esa persona que ha tenido un comportamiento irregular no le podemos dar ni interlocución ni el mismo trato, lo que tendrá que abordarse desde la seguridad pública".
Manifestó que "durante muchos años a los niños, a los mayores y a los más vulnerables se les ha utilizado como escudo humano" e insistió en que "una cosa es la intervención social y otra cosa es que se quiera ser propietario después de haber tenido un comportamiento irregular".
Reveló que una vez que se desafecte la Cañada Real, "la propiedad sigue siendo de la Comunidad de Madrid, se va a pasar de un bien de dominio público a un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid, que no puede enajenar hasta que no haya un acuerdo social, que todavía no ha llegado".
