Barcelona, 9 jul (EFE).- Cerca del 75 por ciento de las 4.294 viviendas iniciadas entre enero y mayo de este año en Cataluña son de protección oficial, según ha revelado hoy el conseller de Vivienda, Francesc Baltasar.
Hasta el 16 de junio de 2009 se han empezado a construir en la comunidad catalana 3.187 pisos protegidos, la mayoría de ellos en la provincia de Barcelona, seguida de Tarragona.
Estos más de 3.100 inmuebles suponen casi un 75% del total de viviendas iniciadas en los cinco primeros meses del año en Cataluña, que han sido 4.294, un 73% menos que las 15.950 del mismo período de 2008.
El porcentaje que supone la vivienda protegida sobre el total construido ha crecido sustancialmente en los últimos años, al pasar del apenas 6% que representaba en 2006, al 10% de 2007 o al 40% de 2008.
En un encuentro con periodistas, Baltasar ha señalado que el porcentaje de vivienda con protección de estos primeros meses de 2009 podría incrementarse aún más en lo que queda de año si el sector privado refuerza su apuesta por reconvertir los inmuebles en stock en pisos protegidos.
Y es que la falta de acceso al crédito de los ciudadanos está provocando la caída de la venta de viviendas, tanto libres como protegidas.
"Muchas promociones se quedan vacías, sobre todo fuera de Barcelona, por culpa del acceso a la financiación", ha explicado la secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Carme Trilla.
El cierre del grifo del crédito por parte de las entidades financieras está afectando asimismo a los constructores privados, que se ven incapaces de impulsar nuevas construcciones, y a los promotores públicos.
Esta situación está impidiendo que el sector privado "se anime" a construir vivienda protegida, a la vez que retrasa "enormemente" la construcción, por parte de la administraciones públicas, de pisos sociales.
"En el sector público sufrimos todas las incoherencias del mundo financiero", ha denunciado Baltasar.
Se da la circunstancia, además, de que la restricción del crédito es aún mayor cuando se trata de vivienda protegida de alquiler, el tipo de inmueble por el que ha optado el sector público en Cataluña mayoritariamente.
