Madrid, 8 jul (EFE).- La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) reclamó hoy al Gobierno que aumente a 10.000 millones de euros la inversión del nuevo Plan E para 2010.
En su intervención en el Encuentro Nacional del Sector de la Construcción, el presidente de la Confederación, Rafael Fernández, explicó que la inversión actual prevista, 5.000 millones de euros, -cifra que "sólo representa el 0,5% de PIB nacional- "es insuficiente para paliar los efectos de la crisis económica actual".
En su opinión, sólo la paralización de la vivienda residencial, que ha pasado de las 700.000 viviendas del año 2007 a las 150.000 previstas para este ejercicio, supondrá la reducción del 4% de la aportación de este sector al PIB, por lo que para compensar estas pérdidas, "el Gobierno debería aumentar la dotación prevista al menos a 10.000 millones de euros".
Asimismo, debe dedicar un tercio de sus presupuestos de inversión entre 2009 y 2011 a infraestructuras productivas sociales, tales como hospitales y centros de salud, centros de enseñanza, parques tecnológicos, así como en la adaptación de las antiguas infraestructuras para conseguir una mayor eficiencia energética, recalcó.
Por otro lado, indicó que durante todo este periodo de crisis se ha intensificado una práctica que la industria auxiliar de la construcción lleva padeciendo en las últimas dos décadas y que consiste en alargar de manera excesiva los plazos de pago a los suministradores.
Actualmente, este plazo sobrepasa los 220 días, lo que pone al sector en una situación "insostenible" y ha hecho desaparecer 500 de las 5.000 primeras empresas por volumen de facturación de la industria auxiliar y destruir el 20% de la plantilla, constituida por unos 500.000 trabajadores.
Fernández añadió que "mientras trabajamos por acortar los periodos de pago es necesario arbitrar, a través del ICO, sistemas que den tesorería al circulante de nuestras empresas".
A su juicio, "una factura de suministro de materiales o servicios a una obra licitada por una administración no debería tener dificultades para su descuento, confirming o su póliza de crédito y caución".
En este sentido, desde la asociación solicitan que el aval del Estado sea suficiente para ejecutar el descuento.
Entre las iniciativas para acortar los plazos de pago, destacó la proposición de ley de CIU, que apunta a un plazo de pago de 60 días, que comenzará a debatirse en el Congreso el próximo mes de septiembre.
