Santander, 15 jun (EFE).- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha afirmado hoy que el Gobierno mantiene, de momento, su propuesta de supresión de las deducciones por vivienda a partir de 2011, aunque también ha reconocido que "la última palabra" la tienen los grupos parlamentarios con representación en el Congreso.
La ministra se ha referido a esta medida, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el último debate sobre el Estado de la Nación, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde hoy ha inaugurado un curso sobre la Entidad Estatal de Suelo (SEPES).
Corredor ha recordado que la propuesta del Gobierno consiste en suprimir la deducción, a partir de 2011, para los contribuyentes que ganen más de 24.000 euros.
"De momento, la propuesta del Gobierno es ésta y, por supuesto, cuando se plantee en el trámite parlamentario, los parlamentarios y los grupos tendrán la última palabra", ha afirmado Corredor.
Según la ministra, el 63 por ciento de las familias va a seguir manteniendo las deducciones "exactamente igual", porque más del 75 por ciento de los contribuyentes de IRPF declaran menos de 24.000 euros.
Corredor ha subrayado que toda la clase media seguirá estando protegida y puede "estar tranquila".
La ministra también se ha referido, en declaraciones a los periodistas, a la medida que prepara su departamento para avalar el 50 por ciento de los créditos para la compra de viviendas de protección oficial en 2009 y 2010.
Corredor ha explicado que las condiciones ya están definidas y en periodo de alegaciones de las entidades de crédito que van suscribir el convenio con el Ministerio, que se resolverán en un mes.
Según la ministra, la intención de su departamento es hacer coincidir la firma de convenio con las entidades de crédito con la firma del convenio con el ICO, que hará posible estas operaciones.
"Eso está en marcha y cuando los plazos administrativos lo permitan, lo pondremos automáticamente en vigor", ha apostillado.
El Gobierno avalará créditos por 6.000 millones de euros, con una cobertura de entre cuatro y seis años, dependiendo de si la entidad de crédito está más o menos comprometida con el Plan de Vivienda.
La morosidad también se garantizará en función del compromiso de la entidad bancaria, con entre el 2 y el 3 por ciento.
Según Corredor, con esta medida el Gobierno quiere "confiar en las familias españolas, darles un plus de respaldo para que las entidades les den los créditos e invitar" a los promotores a sacar al mercado como protegidas las viviendas que no consiguen vender en el mercado libre.
