La Generalitat avanza a paso lento pero firme, y lanza avisos directos y claros de que lo tiene todo preparado para avanzar hacia la independencia. De las estructuras de Estado en las que trabaja, la Hacienda catalana es la más importante, ya que sobre ella pivota todo el plan de la Generalitat para desplegar la ruptura.
Un pequeño, pero gran paso a su vez, es el que dará la administración catalana en julio, según confirmó ayer el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. A partir de ese mes, se activará un sistema llamado E-Spriu, que será el programa que el Govern ha mandado diseñar para gestionar su hacienda propia. A efectos prácticos, en verano este sistema sólo gestionará el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas que incluyen los nuevos Presupuestos catalanes, pero progresivamente irá añadiendo más tasas, como las que están cedidas por el Estado (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).
Este nuevo sistema sustituirá el actual, llamado G@audí, que está diseñado para recaudar impuestos atemporales como el de Sucesiones, pero que se colapsaría si tuviera que gestionar tasas masivas como el IVA o el IRPF. Salvadó explicaba en una entrevista en RAC 1 que "a diferencia de G@audí, el E-Spriu ya está diseñado para impuestos periódicos, impuestos de grandes censos de contribuyentes y ya es un sistema informático diseñado para cualquier tipo de impuesto".
Sobre la polémica de los datos fiscales que desveló Santiago Vidal, la Generalitat ya ha admitido que controla datos fiscales suficientes como para asumir la gestión de estos "impuestos masivos". Salvadó explicó que la base de datos que necesita la administración catalana debe construirse con la información de cada una de las empresas, para recaudar impuestos como el IRPF. Actualmente, el Estado recauda todos los impuestos menos los cedidos en su totalidad, incluso los que están delegados a nivel parcial (IRPF y IVA), la Hacienda española es quien se encarga de recaudarlos, para después dividirlos a la mitad entre Estado y Generalitat.
En todo caso, lo que ya se pondrá en marcha este mismo mes es la apertura de nuevas oficinas de la Agencia Tributaria catalana, según han explicado fuentes de la Generalitat a este periódico.
El plan del despliegue de estas oficinas se anunció el pasado octubre y consistía en el alquiler de 14 inmuebles para expandir territorialmente la nueva Hacienda.
Colegios precintados
El referéndum que tiene previsto la Generalitat vivió otro capitulo ayer. Por la mañana, el president, Carles Puigdemont, se reunió con los cónsules acreditados en Barcelona y les anunció que convocará un referéndum en septiembre de 2017 como muy tarde. Incluso, añadió que "superarían las amenazas", por lo que lo harían con o sin el permiso del Estado.
Pero la respuesta del Ejecutivo español no se ha hecho esperar. El Gobierno de Mariano Rajoy aseguró que tiene previsto un plan con las actuaciones posibles para evitar que se celebre un referéndum. Esa estrategia implica a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios electorales si se celebrara un referéndum, según informaron fuentes de la Moncloa a Europa Press.
Puigdemont utilizó las redes para contraatacar y aseguró vía Twitter que "la democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte", en referencia a los colegios. Rajoy mantiene la operación diálogo, pero no le pasará ni una más a Puigdemont. De hecho, ha pospuesto su reunión bilateral con el president hasta después del Congreso del PP (que será la semana que viene).
Desde el Ejecutivo subrayan que la situación actual no es igual que la del 9-N, porque entonces no podían impedir las urnas al ser un proceso consultivo que partía del asociacionismo. Pero ahora se está preparando una ley de desconexión, por lo que esta consulta tiene una base jurídica ilegal que será objeto de recurso ante el Constitucional.
Ayer también se celebró la reunión del Pacto por el Derecho a Decidir, que lidera el exsocialista Joan Ignasi Elena, y anunció que pedirá una reunión con el Gobierno.
