La reunión se traslada al 21 de septiembre, a la espera de los tribunales.
Nuevo retraso en la votación clave para CaixaBank y BPI. El banco español solicitó ayer otro aplazamiento en la celebración de la junta de accionistas en la que se decidirá el desblindaje del banco. Más del 90 por ciento de los accionistas presentes lo apoyaron.
Esta demora, la segunda en menos de dos meses, se ha debido a que la justicia portuguesa no se ha pronunciado sobre las providencias cautelares presentadas por el accionista Tiago Violas Ferreira, que controla algo más de un 2 por ciento de BPI, y que se ha opuesto a que se vote el desblindaje del banco luso aplicando la nueva legislación del Gobierno portugués, que insta a ciertas entidades financieras, con limitaciones estatuarias en los derechos de voto, a decidir en junta si las eliminan.
Por ahora, si el próximo 21 de septiembre la justicia se hubiera pronunciado sobre la providencia de Violas Ferreira y el desblindaje fuera eliminado, CaixaBank podría concluir su oferta dentro del plazo pactado con el BCE y anunciado a los inversores. El panorama, sin embargo, se ensombrece si no hay una resolución judicial el próximo 21 de septiembre.
Una de las condiciones de la oferta de compra de CaixaBank sobre el luso es que este elimine la coraza, que limita al 20 por ciento los derechos de voto. Si no se consigue, ya sea a través de la aplicación de la nueva ley de Portugal, ya sea a través de otra con el blindaje (y que Violas Ferreira ha incluido en el orden del día de la junta), el banco español previsiblemente retirará su oferta, tal como sucedió en 2015.
No obstante ahora la situación de BPI es más crítica que el año pasado, porque se enfrenta a una multa diaria si no reduce su exposición a Angola. El portugués controla un 50,1 por ciento de Banco de Fomento de Angola.
El BCE, a petición de CaixaBank, otorgó cuatro meses para buscar una solución a este problema, una vez cerrada la opa en octubre.
