La primera semana de abril no se ha andado con rodeos; no sólo en lo que ha afecta a la actualidad empresarial, sino también en la propia política catalana. Sin ir más lejos, el viernes el Tribunal Constitucional anuló la norma catalana que impide que se pueda cortar la luz y el gas por impago. Según el TC, el decreto de pobreza energética de la Ley de Consumo, aprobada por el 'Parlament', contravenía la legislación del Estado en lo que se refiere a la protección de los consumidores vulnerables.
En esta dirección, el 'Parlament', una vez más, ha vuelto a ser protagonista, ya que JxSí ha pactado una moción con la CUP en la que no menciona explícitamente la desobediencia al TC, ni implica a los Mossos d'Esquadra. Es por eso, que ante los puntos de desobediencia que planteaban los anticapitalistas, CDC y ERC optaron por no apoyar parte de la moción.
Precisamente, prueba de que la política ha sido importante esta semana es que el presidente de ERC y vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras se ha negado a aplicar más recortes a pesar del aviso de Montoro. En una carta del ministro que instaba a la Generalitat a rebajar los gastos, que Junqueras cuantificó en unos 1.000 millones.
En lo empresarial, la empresa aseguradora Catalana Occidente, adquirió Previsora Bilbaína, reforzando, así, el área de seguros de decesos. La firma controlada ha sido adquirida por 125 millones de euros y con ella Catalana alcanza una cuota en seguros de decesos por encima del 5%, llegando a un millón de asegurados.
Por último, también en la rama de actualidad empresarial, se ha sabido que la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se ha reafirmado en su denuncia a Acciona por su presunta gestión irregular de su contrato con Aigües Ter-Llobregat (ATLL). En ella, recoge presuntas facturas falsas que emitió Acciona por valor de 13 millones de euros; unos hechos que la empresa siempre ha negado.