Todos los frentes de la investigación del caso Pujol ya están en en los juzgados de la Audiencia Nacional y a cargo del magistrado José de la Mata. Aunque mañana es el turno del matrimonio Pujol-Ferrusola, hoy han comparecido cuatro empresarios con el objetivo de esclarecer si el primogénito de los Pujol cobraba comisiones a cambio de ayudarles a conseguir contratos de obra pública.
La respuesta fue negativa. La única confesión fue la del consejero delegado de Promomed, Manuel José Nadal, que reconoció un pago de 400.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola por hacer de intermediario en la venta de una promoción de lujo en Ibiza. José Nadal añadió que estos pagos se efectuaron de forma ?legal? y quedaron reflejados en un contrato firmado por ambos.
Según esta versión, la implicación de Pujol Ferrusola en este complejo de lujo no se limitó a la venta, también gestionó e intentó rebajar los costes incidiendo en las calidades. De hecho, el mayor de los Pujol llegó a abonar una entrada para la compra de una de las casas. La versión de la UDEF es distinta: la policía afirma que el imputado recibió uno de los pisos como compensación por la ayuda.
Desvanecimiento
Las comparecencias no han estado exentas de sobresaltos. Uno de los testigos, el representante de FCC Ramón Ruiz, ha sufrido un repentino desvanecimiento que ha obligado a detener su interrogatorio. El testigo, que se ha recuperado del desmayo en unos minutos, ha quedado citado de nuevo el próximo jueves.
De la Mata investiga el origen del patrimonio del primogénito de los Pujol y mantenía imputados, hasta el momento, a sus hermanos Pere y Josep, al considerar que el conjunto de la familia ha venido "orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".
Tras aceptar la competencia de la causa 'catalana', ha sumado a su investigación al matrimonio Pujol-Ferrusola y a sus hijos Marta, Mireia y Oleguer, que permanecían imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, del que es titular la magistrada Beatriz Balfagón, que se inhibió por razones de conexidad a favor de la Audiencia Nacional.
