Está previsto que el martes Carles Puigdemont tome posesión de su cargo y un día después lo haga el gobierno. De la última propuesta de Junts pel Sí a la CUP extraemos los próximos pasos hacia la independencia.
Según dicho documento, explica que ahora Catalunya vive ahora en un proceso constituyente de dos fases: la primera empezó a raíz de la propia resolución independentista el 9 de noviembre y proclama a la Generalitat "sujeto político soberano no vinculado a las leyes o instituciones gubernamentales ni jurídicas del Estado español".
En la medida en que se forme gobierno, que "será de transición" hacia la república de Cataluña, y en menos de un mes, las estructuras de estado tales como la Hacienda catalana o la Seguridad Social verán las leyes que las dotarán de vida (pese a estar suspendidas por el Constitucional, al igual que la propia resolución).
Una vez dichas instituciones están aprobadas, será creará una ley de transición que según el documento, "declarará la continuidad, salvo excepciones, del derecho autonómico catalán, del derecho español, del de la Unión Europea y el del derecho Internacional".
No se comenta qué obviará la nueva Catalunya independiente, por lo que el marco jurídico es incierto. En esta transición, se les dará la opción a los funcionarios del Estado a "integrarse en las estructuras del nuevo Estado". Después, se convocarían unas "elecciones constituyentes", donde se elegiría al gobierno de la República Catalana y finalmente se ratificaría la nueva constitución en un referéndum. Aunque todo el plan quedaría en papel mojado si el gobierno español accediera a celebrar un referéndum sobre la independencia.
Las decisiones más inmediatas
Además de recuperar leyes aprobadas ya por el Parlament, pero suspendidas por el TC, la propuesta de JxSí contiene una serie de medidas que les comprometen en términos políticos y presupuestarios con un coste total de 270 millones de euros. Para empezar, el nuevo gobierno catalán tendrá que aplicar medidas de forma inmediata en materia de pobreza infantil, pobreza energética y realojo de familias desahuciadas.
Una vez aprobados los presupuestos, se procedería a recuperar la Renta Mínima de Inserción, que añadirían 70 millones a los 200 ya presupuestados; se garantizarán las ayudas a la dependencia previstos en 50 millones y en Educación y guarderías con un total de 20 millones. También se invertirían 10 millones en ampliar el parque de vivienda pública, obligando a los bancos a ceder las viviendas vacías. Por último, se impulsará un Plan de Barrios para los que estén en riesgo de exclusión por 10 millones. Hay otras medidas como aprobar la dación en pago, que llegarían con la "plena soberanía".
