La batalla de las marcas no es el único motivo que genera inquietud en el mundo vitivinícola. El anteproyecto que prepara el Ministerio de Agricultura sobre denominaciones de origen suprarregionales recortará además las funciones de los consejos reguladores de algunas de las principales zonas productoras españolas como Rioja o Cava.
En la DO Rioja, la más importante del país con una cuota del mercado del 24 por ciento, la nueva norma arrebatará al Consejo las labores de control sobre la producción y el etiquetado, que pasará a manos del Ministerio. Hasta ahora, son sus propios inspectores los que vigilan y garantizan el cumplimiento de las normas de la denominación, pero tras la aprobación de la Ley quedará en manos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, dependiente del departamento que dirige Miguel Arias Cañete.
José Luis Lapuente, director general del Consejo de Rioja, que engloba a esta comunidad, Navarra y PaísVasco, reconoce que el "texto tiene deficiencias que deben ser subsanadas" en relación a la retirada de las funciones de control y levantamiento de actas de sanción a sus inspectores, que quedarán como meros colaboradores. "El Consejo dispone de medios para seguir realizando de manera competente y quiere hacer valer a sus inspectores, que han demostrado su pericia durante años y no queremos que juegen en segunda división. Existen recursos suficientes para hacerlo como hasta ahora. No es una postura caprichosa porque merece la pena preservar la DO Rioja".
No es este el único punto que ha movilizado al Consejo, en cuya defensa se ha implicado el propio presidente regional, Pedro Sanz. El borrador sustituye la autorización que tenían que dar los consejos a las etiquetas con las que las bodegas comercializan sus vinos por una comunicación previa.
"Es un tema complicado. Al eliminarse el control previo se va a desnaturalizar el proceso porque sólo se podrá actuar a posteriori, cuando las consecuencias ya pueden ser graves para la marca común". Además, subraya que "rompe la estrategia comercial de los operadores, porque les obliga a comunicar los cambios con tres meses de antelación".
La norma también afecta claramente a otra denominación, la de Cava, que junto a Rioja acapara el 40 por ciento de las exportaciones de vino de nuestro país. Aquí la entrada en escena de Cañete se produce en pleno debate secesionista.
Los cambios no han generado demasiados recelos en el Consejo Regular, cuyo presidente, Pedro Bonet, directivo de Freixenet, no cree que suponga un intento de controlar a los consejos. "Seguirá habiendo un representante del Gobierno, otro de la Generalitat, un técnico de cada Administración más seis representantes de los elaboradores y seis de los productores, de los que saldrán un presidente y un vicepresidente".
De hecho, si una vez aprobada la Ley, el consejo reforma los estatutos incluso podría prescindir de los representantes del Gobierno y la Generalitat, "lo que nos haría incluso más independientes que ahora", afirma Bonet.
Sin embargo, este cambio ha levantado ampollas en la Generalitat, que considera que es un aumento del control del Gobierno. Para Bonet, el único cambio es que "por parte de las dos Administraciones se realizará un control más exhaustivo".
Lo cierto es que la Generalitat dispone de un Consorcio de Inspección y Control con sede en Vilafranca del Penedès (Barcelona) para todas las denominaciones que tiene Cataluña y aspiraba a ser el órgano de control de la del cava, algo que la nueva ley reserva en último término a Agricultura.
Ante esta situación, el Ejecutivo catalán está apostando por el desarrollo de la Denominación de Origen Penedès que se superpone sobre gran parte de los municipios catalanes adscritos a la del Cava y que, dentro del proceso soberanista que vive Cataluña, está generando tensiones dentro del Consejo Regulador del Cava, ya que algunas empresas y productores simpatizan con el independentismo.