UGT Andalucía afronta la probable renovación de su cúpula directiva tras el escándalo de las facturas falsas que llevó a la dimisión del secretario general, Francisco Fernández, en noviembre pasado tras sólo seis meses en el cargo.
El comité extraordinario, el máximo órgano de decisión entre congresos, votará hoy la candidatura de Carmen Castilla como nueva secretaria general, lo que la convertiría en la primera mujer que dirige la sección andaluza del sindicato en democracia.
Castilla es la candidata de la Federación de Servicios Públicos (FSP), la rama más potente de UGT-A y que siempre ha sido la fuerza determinante para elegir a los líderes de la central en la comunidad. El propio Fernández y su antecesor, Manuel Pastrana -bajo cuyo mandato se desarrollaron las irregularidades y fraudes que ahora investiga la juez Mercedes Alaya de Sevilla, junto a la implicación del sindicato en el macroescándalo de los ERE-, eran miembros de esta federación. Desde la salida de Fernández, forzada por el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, la central andaluza está dirigida de manera provisional por Manuel Ferrer, que ocupa la secretaría de Organización. Ferrer ha intentado en las últimas semanas buscar apoyos, sin éxito, dentro de la FSP para lograr su respaldo como secretario general.
Si Carmen Castilla logra el respaldo de dos tercios de los 121 miembros del consejo necesarios para ser elegida, este sector oficialista evitaría la celebración de un nuevo congreso tras el de mayo pasado en el que Fernández relevó a Pastrana. Para atraer apoyos suficientes y dar la imagen de renovación que desde el sector crítico de UGT-A se reclama, la FSP propone que salgan de la futura ejecutiva los dos miembros que se mantienen en ella desde la etapa de Pastrana. Se trata de José Carlos Mestre, secretario institucional y de coordinación de área externa, y Josefa Castillejo, secretaria de empleo y formación.
Precisamente la gestión de los fondos públicos para formación de desempleados está en el ojo del huracán. La Junta de Andalucía, tras la publicación desde agosto pasado en distintos medios de comunicación de decenas de facturas falsas o infladas que UGT le cargó a distintos programas, ha abierto un expediente cuya resolución provisional pasa por que el sindicato devuelva 1,8 millones. Y tiene abiertos otros 17 expedientes sobre fondos recibidos por el sindicato que suman 7,5 millones más.
Dimite Francisco Fernández por los fraudes en la UGT
