El gobierno catalán quiere que el pleno del Parlamento autonómico de la próxima semana vuelva a posicionarse a favor del derecho a decidir, para dar una respuesta a las "agresiones" desde el Gobierno central a las demandas desde Cataluña.
Lo ha explicado este martes el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, en que ha lamentado que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la declaración de soberanía del Parlamento regional, y que el fiscal general del Estado expediente al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, por sus opiniones sobre una consulta.
El Ejecutivo de Mas pretende que se ratifique en el Parlamento autonómico el derecho a decidir "de forma muy clara y muy mayoritaria", aprovechando que el PSC ha presentado en el pleno el mismo texto que se votó la semana pasada en el Congreso, en las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación.
"Estamos ante la demostración de cualquier cosa menos una vocación dialogante", ha señalado Homs, recalcando que ante la actitud del Gobierno central, desde las instituciones catalanas hay que lanzar un mensaje de compromiso con los valores democráticos.
Por otra parte, el ejecutivo catalán quiere que en los "próximos días" se constituya el denominado 'Pacto Nacional por el Derecho a Decidir', un gran acuerdo a favor de la autodeterminación que traspase las fronteras de los partidos políticos e implique también a la sociedad civil y entes locales.
A todo ello, se suma el hecho de que este martes se han retomado los trabajos de redacción de la futura ley de consultas, texto que según el acuerdo que firmaron CiU y ERC al principio de la legislatura, debe aprobarse en 2013 para permitir la convocatoria de una consulta de autodeterminación en 2014, que podría posponerse si ambas partes así lo acuerdan.
En cuanto a la impugnación de la declaración de soberanía, que el Parlamento aprobó el 23 de enero, por parte del Gobierno ante el TC, Homs ha señalado que es un "contrasentido", ya que según un informe que han hecho los servicios jurídicos de la Generalitat, el texto carece de valor jurídico.
Por todo ello, Homs ha señalado que el Gobierno "estaría prevaricando y saltándose todas las leyes" al recurrir un texto que no tiene validez jurídica, por lo que le ha instado a cambiar de actitud ante las demandas catalanas.
