La losa que supone en época de crisis la gestión de competencias como la sanidad o la educación ha propiciado que algunas comunidades autónomas hayan puesto sobre la mesa la conveniencia o no de devolver al Estado algunos de los servicios que han ido asumido poco a poco para poder cumplir con los objetivos de déficit previstos.
Y es que, aunque en un primer momento, la Constitución española estableció un total de 22 competencias para las comunidades autónomas, la realidad es que desde entonces el número de servicios que han sido traspasados a los gobiernos regionales ha ido en aumento, superando en la mayoría de las autonomías el centenar de competencias asumidas.
Esta situación ha hecho que Cataluña, Valencia y Murcia hayan hecho pública su intención de acogerse al fondo de liquidez para las autonomías, cuyo mecanismo de funcionamiento está previsto que lo determine hoy la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno que presidirá Mariano Rajoy.
Esta cesión que se ha ido ejecutado en los últimos treinta años ha situado a España como uno de los estados más descentralizados del mundo, pero con una gestión repartida entre el Gobierno central y un total de 17 comunidades autónomas que provoca quebraderos de cabeza y conflictos a la hora de cuadrar cuentas. Cataluña es la comunidad con más competencias asumidas: un total de 189. Le siguen Galicia (154) y Andalucía (152). Por contra, las comunidades autónomas con menos servicios transferidos son La Rioja (76) y Navarra (60), aunque cuenta con un régimen foral.
En el paquete inicial de 22 competencias que el Gobierno cedió a las comunidades autónomas se incluían el control sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; ferrocarriles y carreteras dentro del territorio de su comunidad; puertos deportivos; agricultura y ganadería; protección en materia del medio ambiente; promoción del deporte; el fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua en la comunidad autónoma; la asistencia social, la sanidad e higiene (esta última competencia fue asumida por todas las comunidades en 2002); ferias; promoción y ordenación del turismo; patrimonio monumental de interés para la comunidad o el control de espacios forestales.
El Estado mantenía en exclusiva materias como defensa y fuerzas armadas; relaciones internacionales; ferrocarriles y transportes terrestres; administración de Justicia, marina mercante; estadística; seguridad pública o administración de justicia y abría la puerta a gestionar de manera compartida otras materias.
Tras la primera fase de traspasos, se abrió una carrera entre los distintos territorios para ir asumiendo competencias e ir ganando autonomía, aunque a veces esas transferencias se hacían sin los recursos necesarios para su financiación y su correcto funcionamiento.
El reparto inicial engorda
La fotografía inicial de las competencias asumidas por las autonomías se ha modificado al alza, porque el Estado ha ido cediendo en diversas etapas durante las últimas décadas algunas de las competencias que tenía en exclusiva.
Este hecho fue más evidente cuando en 1992 se aprobó La Ley Orgánica de Transferencia de Competencias, que aumentó el listado de servicios transferidos e igualó diferencias entre comunidades (posteriormente, los traspasos han ido creciendo mediante acuerdos bilaterales entre cada una de ellas y el Estado). Pese a la cesión de competencias, el Estado conserva la última palabra en determinadas funciones relacionadas con la coordinación o las relaciones internacionales.
Así, las autonomías han pasado a tener la capacidad de decisión plena en ordenación farmacéutica, colegios profesionales; espectáculos, casinos, juegos y apuestas; comercio interior, defensa de los consumidores o denominaciones de origen, entre otras.
La mayoría de los traspasos se efectuaron entre los años 1982 y 1986, periodo en el que se transfirieron un total de 686 competencias desde el Estado a todas las comunidades autónomas.
Pese a esa aparente homogeneización, existe una amplia disparidad de gestión de los distintos servicios por parte de los distintos gobiernos autonómicos. En algunas materias como Justicia, no todas las comunidades tienen el mismo grado de responsabilidad. Muchas de ellas sólo tienen capacidad para gestionar los medios materiales pero no inciden en ningún aspecto de su funcionamiento.
En el caso de sanidad, a grandes rasgos, las comunidades son las responsables de la gestión de los servicios de salud y la planificación sanitaria. Aún sí, el Estado sigue siendo responsable de la sanidad exterior o la autorización y el registro de medicamentos, por ejemplo.
En el capítulo de sanidad, la asunción de competencias ha supuesto disparar de forma exponencial el gasto para las comunidades. Tras culminar el proceso de traspasos de la sanidad, en 2002, los gastos autonómicos por este concepto casi se han duplicado, al pasar de los 34.552 millones que las arcas regionales dedicaban a este capítulo a los más de 64.000 con que cerraron 2009.
El traspaso de competencias no sólo conlleva el traspaso de funciones, sino también el personal implicado que pasa de trabajar en la Administración Estatal a la administración autonómica. La puesta en marcha del proceso de traspaso de competencias ha supuesto el traspaso de 821.357 trabajadores de una administración a otra.
Pese al incremento generalizado de competencias en mano de comunidades autónomas, algunas como Cataluña o País Vasco, siguen estando más adelantadas que el resto respecto a la relevancia de las materias que asumen, ya que tienen el control sobre policía autonómica (el caso de los Mossos de Esquadra en Cataluña) o tráfico.
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Las CCAA se desviarán del objetivo de déficit
