Los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes y con sus cuentas en rojo son candidatos a ser fusionados.
Muchas autonomías se oponen, pero en Murcia la fórmula ya funciona. Madrid y Galicia las están impulsando.
En España existen 8.116 municipios de los que 6.800 tienen menos de 5.000 habitantes. Muchas de estas pequeñas localidades están incluidas dentro del grupo de 2.000 ayuntamientos que se acogieron al Plan de Proveedores que puso en marcha el Gobierno para que pagaran las facturas atrasadas a sus proveedores y que no han hecho los planes de ajuste porque se han declarado incapaces de hacer frente a los pagos futuros. Su situación de extrema debilidad les convierte en los candidatos idóneos para protagonizar las primeras fusiones de municipios que propugna el Gobierno español.
Según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los presupuestos de los 2.000 municipios que se han declarado insolventes serán a partir de ahora tutelados por la Administración central, que será la que decida qué gastos son prioritarios y qué partidas son prescindibles. En paralelo, para antes del verano, Montoro también ha prometido una nueva ley de reforma de las Administraciones Públicas que afectará a los municipios y las diputaciones. El objetivo de la reforma es que los ayuntamientos no realicen actividades que no pueden asumir por competencias o "por recursos disponibles". La convergencia de estas dos medidas llevará a muchos municipios a ceder gran parte de sus competencias ya sea a municipios mayores, corporaciones supra municipales o diputaciones, en un proceso que, siguiendo un símil bancario, se ha denominado como fusiones frías. En principio, las fusiones totales tendrán un carácter voluntario, pero también empezaron así las cajas de ahorro y todas han acabado integradas.
Las posiciones de los gobiernos autonómicos al respecto son muy dispares. Incluso dentro de las comunidades gobernadas por el PP (la gran mayoría) existen planteamiento muy dispares. Murcia, Madrid, Castilla-León y Galicia lo defienden, mientras que en Valencia y Aragón son menos favorables.
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