Las empresas públicas se habían librado de los ajustes que las privadas comenzaron en 2008, pero varias autonomías se han dado cuenta de que por ahí también pueden ahorrar
El ajuste de plantillas que miles de empresas españolas vienen realizando desde 2008 para sobrevivir a la crisis parece que ha llegado al sector público empresarial de las comunidades autónomas, compuesto por más de 2.000 sociedades, entes y fundaciones. El hecho de que estas empresas hayan estado compensando sus pérdidas con inyecciones de los presupuestos públicos y que una parte de sus plantillas esté compuesta por personas nombradas a dedo ha hecho que los expedientes de regulación de empleo (ERE) les lleguen con cuatro años de retraso y con cuentagotas, después de que algunos gobiernos autonómicos han necesitado recortar de verdad sus presupuestos y se han dado cuenta del dinero que se les iba en transferencias. Otras comunidades han centrado sus recortes en el personal de la Administración y no han reparado en las empresas. Un factor que posiblemente ha animado a algunos gobiernos es la nueva normativa laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que abarata los costes.
Aunque las primeras medidas se anunciaron ya en 2010 -Andalucía- y 2011-Baleares-, la realidad es que las Administraciones se han mostrado mucho menos ágiles que las empresas privadas a la hora de acometer estos procesos. Es el caso de Baleares, cuyo Gobierno anunció en septiembre del año pasado el cierre de 92 entes públicos -entre empresas, consorcios y fundaciones- y el despido de 800 de los 3.500 empleados del sector público. Seis meses después, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá acaba de aprobar solo la primera fase del plan, con la eliminación de 12 entes y la reducción de 400 puestos de trabajo.
Peor es el caso de Andalucía, donde en verano de 2010 se aprobó un decreto de reordenación del sector público que suponía la reducción en 111 del número de empresas, integrando la mayoría en siete agencias públicas, aunque el ahorro previsto era mínimo, ya que no incluía recortes de plantilla. El hecho es que después de casi dos años el proceso está prácticamente parado por los recursos judiciales de los sindicatos contra los reglamentos que la Junta ha ido aprobando para desarrollar el decreto, de manera que, por ejemplo, casi 8.500 trabajadores tiene su traslado paralizado y no se han podido cerrar las sedes donde trabajan, que es por donde iba a venir parte del ahorro.
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