La normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida-vitalicio. La ley -que de ningún modo cabe tergiversar- no prohíbe la temporalización, se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den determinadas circunstancias. Debe admitirse su posibilidad, aunque es preciso hacer referencia a las pautas generales que permiten su aplicación, argumento que recoge esta sentencia del TS, con fecha de 15 de febrero de 2011.
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