El Parlament aprueba la reforma de la ley para investir a distancia. Mientras, Hacienda embarga a la ANC y Òmnium, Oriol Pujol irá a juicio, los sindicatos se movilizan por el Primero de Mayo y Barcelona bate su récord de congresos.
Pese a las trabas legales, el pleno del Parlament ha aprobado, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, la reforma de la Ley de la Presidencia, que impulsa la coalición liderada por el expresidente Carles Puigdemont, para hacer investiduras a distancia, es decir, sin que el candidato esté en la Cámara catalana. Una vez aprobada la reforma, que el Gobierno pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional, se abre la incógnita de si JxCat realmente da el paso de proponer a Puigdemont para una próxima sesión de investidura.
Antes de esto, el Estado ya intervino en otro conflicto con el independentismo. Tras haberse negado Òmnium y la ANC a pagar las sanciones de 90.000 euros, respectivamente, impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por vulnerar la ley de protección de datos, la Agencia Tributaria embargaba 110.000 euros a cada una de las entidades soberanistas para hacer efectivo el pago.
Mientras, el exdiputado de CiU Oriol Pujol irá a juicio por el caso de las ITV. El hijo del expresidente catalán Jordi Pujol se enfrentará a cargos por delitos de soborno, tráfico de influencia y falsedad documental ante un jurado popular. De este modo, no podrá acogerse al acuerdo con la Fiscalía por el que aceptaba dos años y medio de prisión a cambio de declararse culpable y de evitar así que su esposa, Anna Vidal, entrara en la cárcel.
Todo ello en una semana en que vivimos la fiesta del Primero de Mayo, que trajo consigo las habituales movilizaciones de los sindicatos. La manifestación principal del Día del Trabajador en Barcelona tuvo como lema la reclamación de mejoras de las condiciones laborales, salariales, de igualdad y en las pensiones. Sin embargo, también fue protagonista el color lila del feminismo y los dos sindicatos mayoritarios en Cataluña (UGT y CCOO) incidieron en el llamamiento a formar Govern cuanto antes, aunque aparcaron la reivindicación política independentista durante la jornada.
La del Día del Trabajo es una manifestación más en el carrusel de movilizaciones que ha vivido Barcelona desde septiembre, aunque la gran mayoría han estado relacionadas con la crisis política. Sin embargo, la capital catalana no acusó la gran cantidad de protestas en la calle y registró en 2017 su mejor año en congresos y convenciones, con un impacto económico de 1.851 millones de euros, pese a los atentados del verano y la inestabilidad política del último trimestre del año, según los datos de Turismo de Barcelona.
