El juicio del caso Palau se inició ayer con la alerta de provocar un seísmo en el escenario político catalán. "La semana que viene será muy divertida", decía Jordi Montull, uno de los implicados en el saqueo del Palau de la Música. Esta escueta, pero intencionada declaración en el receso, se produjo después de que el lunes, el propio exgerente del Palau ofreciera a la Fiscalía delatar la implicación de Convergència en el cobro de comisiones por obra pública a cambio de una rebaja de la pena a su hija, que era directora financiera de la institución.
La reacción de Convergència no se hizo esperar, y en las cuestiones previas, su abogado, Xavier Melero, anunció que renunciaba a sus 36 testigos, todos los que tenía, que iban a pasar por la sala. Sucede que las casi 40 personas que debían testificar por parte de los convergentes son ex altos cargos de la Generalitat, en su mayoría, del último Gobierno de Jordi Pujol. Entre ellos figuraban ilustres políticos como el entonces conseller de Obras públicas, Felip Puig, o el actual presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, que en aquella época formaba parte de una de las mesas de contratación investigadas. La Fiscalía defiende que las presuntas comisiones de Ferrovial a CDC, cifradas en 6,6 millones, se hacían a raíz de "un acuerdo criminal".
El abogado de Convergència y de su extesorero, Daniel Osàcar, argumentó que la presencia de los testigos no es necesaria ya que el fiscal no ve irregularidades administrativas en contratos como el de la Ciudad de la Justicia o la Línea 9 de metro.
El exdirectivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura, pidió anular los archivos que encontraron los Mossos d'Esquadra en el ordenador de la secretaria de Fèlix Millet. Esta petición está fundamentada en que la orden judicial para la obtención de esta documentación "no permitía el clonado ni el volcado", su abogado también alegó que el delito que se le imputa "ha prescrito"
El juicio se alargará hasta el próximo mes de junio, cuando se pondrá fin al círculo ocho años después con la gran incógnita de si el partido de Artur Mas recibía mordidas a través de facturas falsas a cambio de la adjudicación de obra pública. Millet y Montull volverán hoy a la Ciutat de la Justicia, un edificio, precisamente, investigado en la causa.
