La Hacienda que está intentando impulsar Oriol Junqueras abre cada día un nuevo frente. Si las presuntas bases de datos que desveló Vidal ya han puesto en tela de juicio la legalidad de la preparación de esta estructura de Estado, ahora son sus propios ex trabajadores quien se han puesto en pie de guerra.
El Colegio de Registradores, que mantenía un convenio con la Generalitat para gestionar los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales, demandará a la Administración catalana por incumplir lo pactado.
La Generalitat rompió el convenio que los unía dos meses antes de lo acordado. Su decano, Luis Suárez, advierte que el camino que lleva la nueva Agencia Tributaria Catalana es "precipitado" y puede acabar "en colapso". Suárez precisó que la falta de personal y la ausencia de experiencia en impuestos tan técnicos pueden provocar una pérdida en la recaudación de hasta 400 millones de euros. El decano también señaló otras irregularidades, como la demora del traspaso de poder entre los registradores y la Hacienda, que se ha retrasado un mes. Entre tanto, Suárez afirma que en este impase hay más de 1.200 millones que están ingresados pero no se saben a qué corresponden, por lo que "no se pueden contabilizar".
Estos problemas se suman al malestar generado entre los registradores de la propiedad que ven como su empleo queda suprimido, así como muchas de sus oficinas, que cerrarán. La idea de la hacienda catalana es absorber a los 270 registradores como interinos.
