La Fiscalía intenta demostrar la implicación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en la organización la consulta del 9-N. En la segunda sesión del juicio, celebrada ayer, declararon distintas personas que tuvieron relación con la apertura de los colegios electorales el día del proceso participativo.
El primero en declarar fue el inspector de Educación, Josep Alsina, que denunció presiones para que los institutos abrieran el 9-N. El responsable afirmó que "algunos directores pidieron que se dieran instrucciones por escrito". No obstante, el testigo afirmó que la directora de los Servicios Territoriales del departamento de Educación, Montse Llobet, se habría negado a dar esas pautas escritas e incluso habría llegado a "ponerse furiosa".
Llobet admitió ante el tribunal que algunos directores les pidieron instrucciones por escrito, a los que les respondió que "no darían ninguna instrucción". No obstante, afirmó que la reunión con los responsables de los centros fue por cuenta propia y negó que recibiera ninguna orden. Además, afirmó que dejó de pedirle las llaves a la directora del IES Pedraforca de l'Hospitalet, la única que se negó a entregarlas para el proceso participativo, cuando esta dijo que quería "un recibo para llevarlo ante la delegada del Gobierno".
Otro inspector, Jesús Rul, también declaró en el juicio. El responsable explicó que, días antes de la consulta, entre los docentes "había un clima de inquietud e inseguridad". Además, afirmó que el inspector en jefe les instó "a que se abstuvieran" de actuar el 9N. Rul afirmó que ellos "no se podían abstener", puesto que "asesorar a los docentes" forma parte de su trabajo.
Uso de las instalaciones
El inspector en jefe de Educación, Francesc Güell, replicó que a los inspectores "no les tocaba intervenir". Además, la Generalitat quería hacer un "uso social" de las instalaciones, puesto que la ley de educación catalana permite el uso de las instalaciones para otros usos sociales fuera del horario lectivo.
La directora del instituto de l'Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, afirmó que mientras "lo de buscar voluntarios era voluntario", no fue así en el caso de la cesión de los institutos. El departamento de Educación los habría presionado para "entregar las llaves", puesto que "los centros eran de la Generalitat".
Por contra, la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona niega ningún tipo de presión, aunque afirma que pidió por escrito las instrucciones por la preocupación ante posibles consecuencias.
