Cataluña

La Generalitat quiere 'nacionalizar' un hospital de Quirón por 50 millones

  • Ofrece comprar el centro para integrarlo en el sistema público
  • La empresa niega que haya recibido una oferta de adquisición
  • El Ayuntamiento se muestra "perplejo" y apuesta por un centro mixto
El conseller de Salut, Antoni Comín | Luis Moreno

La sanidad catalana vuelve a sembrar polémica. La Generalitat ha anunciado una oferta de 50 millones para 'nacionalizar' e integrar en el sistema público catalán un centro gestionado por Quirón. Aunque la empresa ha negado la oferta, el conseller de Salud, Toni Comín, ha replicado este viernes que sí han enviado la documentación para hacer que el Hospital General de Catalunya, en Sant Cugat, sea público.

En rueda de prensa este viernes, Comín ha sido preguntado por la oferta que ha hecho pública este viernes: "La empresa tiene una parte de la documentación en base a la cual se debe poder hacer una eventual negociación de venta del hospital".

Lo ha dicho después de que Quirónsalud haya negado en un comunicado haber recibido la oferta de compra del centro por parte de la Generalitat: "No existe ningún tipo de comunicación formal ni oferta en firme por parte del departamento de Salud para comprar el Hospital General de Catalunya".

Sin embargo, el objetivo de Comín es integrar en la red pública de salud el Hospital General de Catalunya de Sant Cugat, así como a sus más de 1.000 trabajadores. En todo caso, el Departamento de Economía "no hará ninguna aportación extra en el Presupuesto", según Catalunya Ràdio, por lo que tendría que ser la propia Conselleria de Salut la que financie la operación a través de recortes en su ámbito.

Comín alega que con la 'nacionalización' del Hospital General de Catalunya, se solucionarían los problemas de congestión que sufren centros de municipios limítrofes como el Parc Taulí de Sabadell o el Hospital de Terrassa, y además, no se tendría que invertir en dos centros nuevos previstos en Rubí y Cerdanyola del Vallés. El conseller aseguró que ejecutar la operación de compra "es más económico" que hacer inversiones en nuevos centros en los próximos años.

Por otra parte, el ayuntamiento de la localidad donde está situado el centro, apuesta por una propuesta alternativa. En vez de que el Hospital gestionado por Quirón sea un centro totalmente privado o público, creen que la mejor alternativa es que sea mixto, con participación público-privada.

Guerra política

La sanidad ha sido uno de los puntos que más divergencias ha creado en el seno de Junts pel Sí, donde la antigua Convergència y Esquerra Republicana tienen más diferencias. Por una parte, la diputada convergente de JxSí, Montserrat Candini, criticó en una entrevista con un medio especializado la gestión de Comín, a quien acusaba de "actuar para contentar a la izquierda".

El conseller exigió que Candini rectificase de inmediato, ya que no podía estar en el mismo Govern una persona que no estaba de acuerdo con la acción del propio ejecutivo. La alcaldesa de Sant Cugat y una de las políticas más influyentes en Convergència, Mercè Conesa, también cuestionó las acciones de Comín. Conesa, que también es presidenta de la Diputación de Barcelona, conoce bien la situación del Hospital General de Catalunya, gestionado por Quirón Salud.

En realidad, el origen de todos estos movimientos es cumplir con una de las exigencias de la CUP para investir a algun presidente (en aquel momento a Artur Mas). Y es que la CUP puso como condición sacar de la lista de centros públicos los que tuvieran "ánimo de lucro". En definitiva, que los centros hospitalarios integrados en el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) sólo incluya centros de titularidad pública o sin ánimo de lucro. Un mes después de entrar en el cargo, Comín anunció la expulsión de dos centros privados gestionados precisamente por Quirón Salud.

Estos son la Clínica del Vallès (la antigua Aliança) en Sabadell y el Hospital General de Catalunya en Sant Cugat, que pretende ahora comprar. Esta decisión provocó de inmediato sus primeras consecuencias en apenas unos meses. El lado más amargo de la política emergió con la decisión del grupo Quirón de aplicar un ERE de 257 personas, que atribuyó de forma directa a la decisión de la Generalitat.

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