Puigdemont va un paso más allá. La Generalitat de Cataluña es, seguramente, la institución que más trabajo genera al Tribunal Constitucional de todo el Estado. Como la CUP dijo hace una semana, "a cada ataque, respuesta catalana". Y a la suspensión de algunos puntos de la ley antidesahucios (24/2015), respuesta de la Generalitat.
La estrategia no es nueva. El Govern ha aprobado el proyecto de ley "de medidas de protección del derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión". Esta nueva ley tiene el objetivo de recuperar los puntos que suspendió el Tribunal Constitucional en una norma anterior. Sin embargo, el objetivo de ambas es el mismo, aunque con un vocabulario mucho más directo y radical. Según afirman fuentes cercanas a la elaboración de la ley, en la norma suspendida se trató de evitar por todas las vías posibles que se usara la palabra "expropiación", que se sustituyó en el mismo contexto por "usufructo".
Pero la consellera que ha presentado la ley, Meritxell Borràs, no ha medido su lenguaje como lo hicieron para elaborar la anterior ley. "El proyecto prevé expropiar las viviendas vacías de entidades financieras para destinarlas a alquiler social". Alto y claro, la Generalitat no titubeará (al menos sobre el papel) para 'desahuciar' a grandes tenedores de sus propiedades inmobiliarias si estos no tienen uso durante más de dos años y no hay justificación alguna. Además, esta norma pasará de aplicarse en 72 municipios a 234 ciudades, por lo que se extenderá casi tres veces más.
Burlar al Constitucional
El pasado mes de mayo, el TC suspendió (a petición del Gobierno) los puntos donde se obligaba a los bancos a 'ceder' pisos vacíos a la administración, renegociar la deuda de los desahuciados y obligar a las entidades financieras a ofrecer un alquiler social a los afectados. Borràs no ha negado en ningún momento las intenciones de la Generalitat de burlar al Constitucional. La consellera aseguraba que quieren "proponer medidas para hacer lo mismo que nos ha suspendido el TC", y aseguró desafiante, "ante la suspensión, respondemos con un nuevo texto. No nos hemos quedado con los brazos cruzados".
Aunque la ley ha aplicado pequeños cambios, el efecto pretende ser el mismo. Borràs aseguró que si bien no sabe si podrán volverla a suspender "no encontrarán argumentos jurídicos". Algunos de los cambios conciernen a la mediación y a la temporalidad de los alquileres sociales.
Este plan recibió el apoyo de entidades sociales como la Plataforma Antidesahucios (PAH), la Taula del Tercer Sector y el Observatori Desc. Organizaciones que en su momento presionaron para que esta ley saliera adelante mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
