La cuestión de confianza en torno a la figura de Carles Puigdemont se ha iniciado con un doble reto por parte del president de la Generalitat. Este órdago ha tenido dos destinatarios muy claros. Por una parte, el Gobierno del Estado, al que le ha avisado de que si no pactan un referéndum antes del próximo julio (cuando acaba la legislatura), el Govern celebrará uno por su cuenta la segunda quincena de septiembre de 2017 ; y por otro, a la CUP, a quien le ha mandado un ultimátum en relación a los Presupuestos, asegurándole que "si mañana le apoyan, también deben tener la intención de aprobar los Presupuestos".
Posteriormente, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha hecho un guiño al president y ha asegurado que su grupo "está en plena sintonía con lo que se ha planteado sobre referéndum". Sin embargo, no fue tan precisa con la cuestión de los Presupuestos, de la que dijo que "para gobernar bien, hay que atender a una demanda social, revertir privatizaciones y redistribuir la riqueza".
En cualquier caso, Puigdemont ha aprovechado su discurso inicial en el Parlament para pedir el apoyo de los grupos de cara a la moción de confianza, que se votará mañana. El president tiene claro lo que quiere hacer en lo que queda de legislatura: culminar el procés y tener listas las estructuras de Estado en julio de 2017 para poder ejecutar la desconexión "con plenas garantías". Pero para ello, necesita tres elementos a corto plazo.
Tres factores imprescindibles
En primer lugar, superar la moción de confianza, que parece resuelta después de que la CUP anunciara su apoyo a principios de este mes. A continuación, dar luz verde a los Presupuestos, pues Puigdemont ya ha advertido "que para que un gobierno pueda gobernar, necesita unas cuentas aprobadas", en ese sentido el ex alcalde de Girona ha recordado todo lo que no se ha podido hacer tras el fracaso en el trámite de las finanzas catalanas el pasado junio. Por último, Puigdemont ha reiterado que necesitan "la validación" del pueblo de Cataluña, "el único y verdadero amo del Govern" mediante las urnas.
Alrededor de estos tres factores se centran las demandas de Puigdemont tanto a la CUP como al Gobierno. En relación a las cuentas de 2017, el president dejó muy claro a sus socios anticapitalistas que "si mañana nos dan apoyo, deben tener la intención de aprobar los Presupuestos, si no, no hace falta que lo hagan, que nos lo digan ya". En caso de no lograr tramitar los presupuestos como sucedió el pasado 8 de junio, Puigdemont dijo que Cataluña se vería abocada a unas nuevas elecciones.
Una de cal, y otra de arena. Aunque les ha interpelado con contundencia, por otra parte también ha puesto sobre la mesa una de las opciones que demanda la CUP, como es el referéndum unilateral de independencia (conocido como RUI). Y es que, a pesar de que oficialmente pidió al Estado de forma pública llegar a un acuerdo para celebrar un referéndum vinculante, también dijo ser consciente de la dificultad de este hecho. Inmediatamente después, asumió que si este pacto para celebrar un referéndum no es posible, como le sucedió a Artur Mas la pasada legislatura, tendrán que celebrar uno por su cuenta durante la segunda quincena de septiembre de 2017.
Puigdemont fue contundente en este sentido, "o referéndum o referéndum". Por lo que si el Gobierno no acepta celebrar una consulta, el Govern celebrará uno "factible". De la organización de este referéndum se encargaría la Vicepresidencia de Oriol Junqueras, ha dicho Puigdemont.
Esta nueva petición del referéndum pactado, aunque se ha venido anunciando desde la pasada Diada, es cuanto menos divergente con las declaraciones de principios de legislatura del propio Puigdemont, cuando ponía esta consulta vinculante con el Estado como "una pantalla pasada" y "de ingenuos".
