Actualmente la deuda que soportan los catalanes por vivir en España es del 105,3 por ciento de su PIB, que incluye la propia de la Generalitat, más el porcentaje de la deuda neta del estado español que corresponde a su esfuerzo fiscal.
La deuda neta de 790.307 millones de la administración central española es el importe a partir del cual se debería calcular la parte de Catalunya en una separación de Estados, pues el FLA ya está incorporado como deuda propia.
No es correcto ignorar el reparto de activos y pasivos. En el estudio de J. Angusto, M. Coderch y G. Pons Reparto de activos y pasivos entre Cataluña y el Estado español. El balance patrimonial del Estado como herramienta de cálculo se manifiesta que "el Estado español tiene unos pasivos que superan en mucho sus activos". Cuantifican el agujero en más de 269.000 millones de euros. Así, cada euro de activos tiene un sobrecoste del 46 por ciento. Estiman que los activos materiales en Catalunya son unos 20.000 millones, que supondrían tener que asumir unos 29.000 millones de pasivos. Así, con un reparto de activos y pasivos el endeudamiento se situaría entre el 47,1 por ciento del PIB y el 73,2 por ciento, muy similar al cálculo de aplicar el criterio del gasto del Estado en Catalunya.
La deuda de la República Catalana sería asumible, por debajo de la media de la UE, y con un ahorro de entre un 30 y un 52 por ciento respecto a ahora. En el improbable caso de que no se negociara el endeudamiento de Catalunya, la deuda pública sería del 36 por ciento del PIB, y en un escenario de fuerte controversia podría disminuir temporalmente al 16 por ciento, en tanto no se asumiese la devolución del FLA. Por otra parte, el acceso a los mercados de capitales internacionales a un coste razonable es básico para la gestión de un nuevo estado que necesite financiar su déficit. Por consiguiente, que los bonos de Cataluña fueran bien recibidos por los mercados debería ser una clara prioridad. El primer objetivo de Catalunya sería entrar en el grupo de bonos investment grade.
Otro aspecto importante sería dejar de lado la idea que un Estado nuevo empieza sin historial crediticio en los mercados. Asimismo, en las plazas globales no comprarán bonos a precios razonables si no entienden qué economía compran. En definitiva, los estudios académicos de viabilidad económica del nuevo Estado son necesarios, pero la Generalidad tiene que tener en cuenta que hay que afrontar con recursos la dura realidad de los mercados de capitales para financiarse.
David Ros y Robert Casajuana son economistas