La gélida relación que mantenían desde hace casi un lustro la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central sigue derritiéndose. El deshielo empezó la semana pasada con la cordial reunión entre Rajoy y Puigdemont.
Y ayer, el propio vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, confirmó el acercamiento de posiciones. "Efectivamente, es la primera vez que estoy en Moncloa y la percepción [del deshielo] es acertada", afirmó.
Una posición que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ratificó, "se han abierto cauces para trabajar juntos". Aunque en la reunión no llegaron a acuerdos concretos, sí hablaron de temas tan trascendentes como la financiación o un asunto, que no parece tan importante, pero que es clave para el devenir del Govern: la Ley 24/2015.
Acuerdo o desobediencia
Esta ley, sobre la que Puigdemont ha articulado una parte clave de su plan de gobierno, permite a la administración catalana multar a las empresas eléctricas si ejecutan cortes del suministro a familias que no pueden pagar o incluso forzar a los bancos a cederles viviendas vacías si éstos se niegan a ofrecer un alquiler social a los desahuciados.
El futuro de esta ley está amenazado por un posible recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional, sobre el que hoy se pronunciará el consejo de ministros y que Oriol Junqueras y Carles Puigdemont han pedido en sus sendas reuniones que no se bloquee.
La decisión que tome el gobierno español marcará un antes y un después en el Govern. Pues aún sin tener nada que ver con el procés, la ley es patente de corso para que Puigdemont pueda cumplir su programa, y además, conseguir el apoyo de la CUP para aprobar los presupuestos sin ?desobedecer?.
Y es que si se impugna la norma, la CUP exigirá a JxSí cumplir su programa de choque social incluso aunque se salte al Constitucional. Una ?rebelión? que Puigdemont ha intentado rehuir por todos los medios a pesar de las arengas de la CUP.
