El Ayuntamiento de Barcelona ha dado otro toque al mundo empresarial. Si hace pocos días, Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, advertía a Gas Natural y Endesa que podía multarlas si cortaban el suministro de luz a familias que impagaban y que se encontraban en situación de emergencia social, ayer pasó a la acción.
El consistorio anunció que había iniciado expedientes sancionadores contra dos compañías inmobiliarias (Intacsa Integral de Actividades y Fincas Flash) por haber desahuciado por impago a dos familias sin ofrecerles previamente un alquiler social. Según explicó el consistorio, los desahuciados han sido realojados por el Ayuntamiento y las sanciones pueden suponer multas de hasta 90.000 euros.
El Ayuntamiento ha tomado esta decisión acogiéndose a la Ley 24/2015 aprobada en julio. A diferencia de la reforma del Código de Consumo de Cataluña, que fue invalidado parcialmente la semana pasada por el Tribunal Constitucional, esta ley no ha sido recurrida por el Gobierno de Estado. El plazo máximo para presentarlo finaliza el próximo 5 de mayo.
Rebelión de la CUP
Los socios de gobierno de Carles Puigdemont, por su parte, se mostraron ayer muy combativos contra el Tribunal Constitucional y su decisión de invalidar el articulado de la ley de consumo, más conocida como la ley de pobreza energética.
De hecho, la formación presentó ayer una propuesta para que el Parlamento catalán apruebe una resolución con la que ?desoír? la sentencia del Constitucional, según explica Europa Press. Dicho documento solicita no hacer caso a la sentencia del tribunal, porque ?supone la negación de derechos básicos y confrontarse a la mayoría social, que es favorable a resolver la situación de pobreza energética y habitacional?.
Además, la CUP celebrará hoy una jornada informativa para explicar a los regidores y alcaldes cómo responder ?de forma desobediente? a los requerimientos que lleguen desde la Audiencia Nacional española. Los políticos de la CUP serán asesorados por abogados.
