Ada Colau vuelve a la carga. Esta vez ha sido contra las empresas suministradoras de servicios, Gas Natural y Endesa, a quienes ha amenazado de imponer sanciones si no cesan en los cortes de gas y luz a ciudadanos sin recursos.
Unas prácticas que ambas compañías niegan haber hecho. Este asunto ha salido a colación por "el poco avance en la firma de un convenio entre suministradoras y el Ayuntamiento para evitar los cortes, más allá del bono social, que es insuficiente", explicó Colau. Una negociación en la que las suministradoras aseguran ser "proactivas y sensibles".
Aunque la alcaldesa de Barcelona fue más allá y acusó a las utilities de no cumplir la ley catalana 24/2015, que prohíbe cortar la luz o el agua a las familias con ingresos inferiores a los 8.000 euros anuales. Las sanciones podrían variar, "desde los 10.000 a los 100.000 euros". En un caso extremo, Colau planteó incluso el cese de la relación entre la administración y ambas compañías.
La alcaldesa espetó que "el cumplimiento de la ley no es voluntario, es obligatorio y sobre todo para las empresas que tienen grandes beneficios y que hacen negocio con un servicio que es un derecho fundamental".
Las empresas lo niegan
Endesa asegura que en ningún caso incumplen la legalidad, ya que según defienden, siguen la ley estatal por la cual "no tienen permitido cortar el suministro a ningún cliente que tenga un informe que indique su situación de vulnerabilidad". Si bien es cierto que reconocen que no hay ningún acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento, sí recuerdan que existe uno con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), donde está integrada la propia ciudad.De hecho, también subrayan que aportan 18 millones anuales a financiar el bono social
Gas Natural también aplica este criterio e incluso incide en que tiene un convenio con el propio consistorio, que firmaron con el gobierno de Xavier Trias, y que insisten, "aún sigue vigente". Más de 600 familias se han beneficiado de este convenio según la propia compañía.
