La herida de los recortes sociales que ejecutó Artur Mas en su primera legislatura aún está abierta y sigue supurando. Las alarmas saltaron ayer cuando el líder del PP catalán, Xavier García-Albiol, lanzó su sospecha de que la Generalitat tiene un plan de recortes preparado.
Este plan de ajuste correspondería a una de las condiciones para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que, según Albiol, obliga a la Generalitat a someterse al control y tutela del Estado. Albiol afirmó que era necesario que la administración catalana confirmara si, efectivamente, ha presentado "un plan de ajustes". El líder del PP catalán también criticó que este plan se habría presentado la primera quincena de marzo, "mientras en el Parlament estaban hablando de mociones para aumentar el gasto en políticas sociales y sanitarias".
Al preguntársele si su sospecha se basa en datos que le haya facilitado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aseguró que "recogió una serie de informaciones y ha fiscalizado la acción del Govern".
Propuesta con más gasto
La Generalitat negó la mayor, y su portavoz, Neus Munté, afirmó ayer que se trata de un simple "trámite" y que en ningún caso tienen previsto recortar el presupuesto social. Un capítulo que, sólo en las partidas de sanidad y educación, sufrió un tijeretazo de 2.500 millones entre 2010 y 2012. Según la Conselleria de Economía, el denominado plan de ajustes es un documento donde se especifica la situación exacta de la tesorería catalana, nada más.
Este formulario es un puro trámite, que queda a la espera de que Cataluña presente su Plan Económico y Financiero para que se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un consejo que, sin Gobierno central, queda en el alero.
