La gestión del ciclo integral del agua en Barcelona está en jaque para Agbar, pero su presidente Ángel Simón niega la mayor.
"El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha anulado la concesión", afirmaba con contundencia ayer Simón en la conmemoración del Día Mundial del Agua en el Museo de las Aguas de Agbar en Cornellà (Barcelona).
El presidente de Agbar sabe de lo que habla, pues en términos legales, la sentencia del TSJC es provisional y la compañía tiene previsto recurrir ante el Tribunal Supremo. Además, el fallo incide en la creación de la propia empresa mixta liderada por Agbar en un 70 por ciento y Criteria CaixaHolding en un 15 por ciento, por lo que el problema radica más bien en que el ente supramunicipal que hizo la concesión, Área Metropolitana de Barcelona (AMB), no celebró concurso público.
La controversia está en que ahora AMB la preside la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, y la concesión se hizo bajo el gobierno de Xavier Trias (CiU). El equipo de Colau ya ha avisado de que no recurrirán al Supremo para defender a Agbar, y que, de hecho, su plan pasa por remunicipalizar la gestión del agua. Quien debe dar explicaciones para saber qué hará la AMB es su vicepresidente, Antonio Balmón (PSC), que ayer no asistió al acto (véase apoyo).
"Fuera de la ley"
En esa línea, el presidente de Agbar, Ángel Simón, asumió que una expropiación no es un escenario que entre "en los esquemas" de la compañía, por lo que no dio una cifra concreta, a pesar de que fuentes internas de Agbar lo cifran en unos 500 millones.
En todo caso, Simón sí aprovechó para recordar a Ada Colau que a la ciudad de Berlín le costó 2.000 millones de euros remunicipalizar la gestión del agua "de acuerdo con la ley"; y que Argentina ha sufrido 15 años de pleitos y una sentencia con un coste de 1.500 millones de dólares por hacerlo "sin estar de acuerdo con la ley".
Simón lanzó un aviso a la presidenta de la AMB de que no puede hacer acciones "fuera de la ley".
Barcelona da la espalda a Agbar
