El negocio del agua se ha convertido en un campo de batalla en Cataluña. Si la posibilidad de que la Generalitat expropie la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona es más que plausible tras unas supuestas irregularidades en su gestión y adjudicación, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la concesión de gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a un consorcio liderado por Agbar en su 70%.
Este contrato es el más importante de la compañía en Cataluña, ya que se encarga del ciclo integral del agua en 23 municipios metropolitanos que suman una población de 2,9 millones de habitantes. Además, también se encarga de depurar y reutilizar las aguas residuales de toda el área metropolitana hasta el año 2047. El negocio de esta empresa mixta se situó en su momento en los 10.000 millones de euros, a razón de unos 300 millones al año.
No se convocó concurso
El motivo por el que la justicia justifica la anulación de este contrato es que en su momento, el Gobierno del AMB encabezado por el ex alcalde de CiU Xavier Trias no convocó un concurso para la adjudicación pública del servicio. En tal caso, el TSJC considera en el fallo que la administración metropolitana no dio suficientes argumentos para sostener su decisión de no celebrar un concurso público para adjudicar el contrato. El fallo no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo. De hecho, Aigües de Barcelona (Agbar), ya ha anunciado que recurrirá "porque hay defectos de forma".
La empresa público-privada que tiene la concesión de la gestión integral del ciclo del agua en la zona está formada en un 70% por Agbar, un 15% por la AMB y un 15% por Criteria (tras la venta de esta parte por un acuerdo entre Suez, propietaria de Agbar, y Criteria CaixaHolding). Por su parte, aseguran que hasta que el Supremo no se pronuncie, "seguirá gestionando el servicio del agua como hasta ahora".
El TSJC informó ayer de que ha resuelto "diversos recursos" (han trascendido uno de Acciona y otro de Aguas de Valencia, según ha podido saber este periódico). Estos fueron interpuestos contra el acuerdo del consejo de la AMB de 6 de noviembre de 2012, que adjudicó el servicio integral del agua a la sociedad de capital mixto integrada por Agbar y la misma entidad metropolitana.
El TSJC ya desestimó cautelares
De forma paradójica, el propio TSJC ya desestimó todas las peticiones de medidas cautelares que se habían presentado contra la creación de esta sociedad por parte de la Generalitat y por diversas empresas privadas (Acciona, Aguas de Valencia, Aqualia-FCC y Sociedad Española de Abastecimientos.)
En ese sentido, el presidente de la Mesa emitió un voto particular contrario a la sentencia porque considera que el fallo debería haber sido desestimado, ya que la titularidad privada (con inversiones realizadas por Agbar durante casi un siglo) de toda la red de abastecimiento a los municipios afectados, "impedía promover una concurrencia real y efectiva".
Inversión histórica
De hecho, el TSJC reconoce que Agbar tiene desde 1953 una concesión de casi un siglo por orden del Ministerio de Obras Públicas de entonces con la Sociedad de Aguas de Barcelona. El escudo que se utiliza en este caso es que la inversión "histórica" que ha hecho la compañía en diferentes infraestructuras, fue lo que provocó que Trias autorizara la adjudicación 'a dedo' y no celebrara un concurso público.
La empresa mixta defendió además, la inviabilidad económica "evidente" de expropiar los títulos que tenía reconocidos Agbar para prestar el servicio de abastecimiento de agua, según han explicado fuentes jurídicas de la compañía público-privada a este periódico, que han cifrado estos activos en 500 millones de euros.
La guerra sigue, y ni Agbar ni Acciona (que se han intercambiado denuncias en sus respectivos casos), desistirán de sus contratos.
