El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la resolución independentista que se aprobó el pasado 9 de noviembre en el Parlamento de Cataluña con los votos de Junts pel Sí y la CUP.
Es la sentencia más rápida de la historia y se ha tomado por unanimidad entre los once magistrados, tres semanas después de que se admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Abogacía del Estado. Aunque la Generalitat alegó que "es un acto parlamentario de naturaleza estrictamente política", por lo que "creen" no tiene los elementos necesarios para ser valorada por el TC, el Constitucional no está de acuerdo. El Alto Tribunal estima en el fallo los argumentos del abogado del Estado, que esgrime que "la resolución también tiene efectos jurídicos, ya que en ella el Parlamento de Cataluña se considera poder constituyente en orden a la creación de una República Catalana, ordenando las medidas necesarias a tal fin".
A lo que la Abogacía del Estado se refiere es a la elaboración de una Constitución, la creación de estructuras de Estado, como la Hacienda o la Seguridad Social catalanas, pero sobre todo incide en "la inaplicación de las normas estatales en Cataluña y la desobediencia a las instituciones del Estado, en particular al Tribunal Constitucional".
JxSí desoye la legalidad
La primera respuesta tanto de la Generalitat como de la formación independentista Junts pel Sí ha sido clara: se desobedecerá la suspensión si la CUP accede a investir como president a Artur Mas y, por ende, se formará un Gobierno catalán netamente independentista. Así lo anunció la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Neus Munté, que dijo que la decisión del TC "no anula los efectos políticos del texto y se mantiene inalterable".
Pero, para desobedecer, Munté puso una sola condición: "Es imprescindible que haya un nuevo Govern para afrontar con más garantías todos los ataques que vengan del Gobierno". El candidato de Democràcia i Llibertat a las generales, Francesc Homs, también dijo que le preocupaba más la CUP, pues el TC no le da "ni frío ni calor".
Consecuencias penales
En el auto, el TC dio un plazo para la presentación de alegaciones y advirtió además a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos, de que pueden incurrir en responsabilidades, incluso de carácter penal, si incumplían.
Según fuentes especializadas en Derecho Constitucional, consultadas por el Economista, estas penas serían difíciles de aplicar hasta que la Cámara catalana apruebe leyes o bien las famosas estructuras de Estado. En ese momento, sí se podría inhabilitar a cargos. En caso de imputación por delitos de desobediencia, fuentes penales indican que es un tema "complicado", puesto que es más subjetivo y debería decidirse si dichos actos de rebelión implican violencia o no (esta violencia puede ser hacia el orden jurídico). En tal caso, las penas serían de hasta 30 años de prisión.
