Los vaivenes entre Junts pel Sí y la CUP siguen en su particular pulso por conseguir formar un gobierno netamente independentista. Pero parece que el forcejeo entre ambos no acabará, como mínimo, hasta el próximo 27 de diciembre(una semana después de las elecciones generales). Ese día la CUP ha convocado una asamblea nacional donde decidirá definitivamente si apoya la investidura de Artur Mas.
Como en una montaña rusa sin fin, cuando parecía que ambas formaciones habían vuelto a acercar posiciones tras el doble 'no' de la CUP en el primer debate de investidura , el 'veto' de sus militantes el pasado domingo volvió a congelar la relación entre ambos.
El escenario en Cataluña es el siguiente: JxSí y la CUP se instan entre sí a hacer un movimiento para facilitar el pacto, un movimiento que ambos hacen, pero que la otra parte nunca reconoce. La CUP propuso una presidencia rotatoria y que Mas se ocupara de una especie de jefatura exterior donde sería embajador "en calidad de ex presidente autonómico". El propio Mas les contestó por su parte con una advertencia de que" la independencia se hace votando y no vetando", y alertó de los peligros de unos nuevos comicios como sería "perder votantes independentistas".
Recurso en el Supremo
Pero mientras el inmovilismo político sigue, y todo indica que seguirá hasta enero, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que la Generalitat recurrirá con un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por la "discriminación arbitraria" que las medidas de control del FLA "representan para los ciudadanos y proveedores catalanes".
Las facturas que tiene actualmente la administración catalana y que enviará esta misma semana al Ministerio de Hacienda ascienden a un total de 2.715 millones de euros que deben pagarse con el FLA extraordinario de 2015.
