La primera tanda de imputados por la celebración de la consulta del pasado 9 de noviembre pasó ayer revista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque el plato fuerte, que es la comparecencia del president en funciones Artur Mas, no será hasta mañana.
La consellera de Educación Irene Rigau y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, no contestaron a ninguna de las preguntas del fiscal ni de la acusación particular y negaron haber cometido ilegalidad alguna en los preparativos, además, aseguraron que la organización corrió a cargo de la sociedad civil.
Rigau, en un acto para conservar su presencia en el próximo ejecutivo, afirmó no tener ninguna responsabilidad y defendió ante el juez que no dio instrucciones a los directores de instituto ni desobedeció a ninguna autoridad. Ortega, por el contrario, sí "asumió todas las responsabilidades" en su condición de política retirada y formando parte de Unió, prácticamente en desaparición, si no consigue representación en las elecciones generales del próximo diciembre.
En los aledaños del Tribunal, una comitiva de políticos y de la sociedad civil se reunieron para dar apoyo a los imputados, un hecho que el TSJC calificó en una nota de "ataque y presión" a su autoridad.
Mas comparecerá mañana
Pero el verdadero protagonista de este proceso es el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, que declarará mañana ante el Tribunal en medio de una manifestación con doble significado, puesto que también se conmemora el 80 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, por el franquismo. Un proceso que favorece a Mas ante la opinión pública para ser investido de nuevo como mártir de la causa independentista.
