La agencia de calificación crediticia, Standard & Poors, ha rebajado la nota de Cataluña a BB- y advierte que la perspectiva es negativa a corto plazo. La nota podría bajar un peldaño más hasta B, hundiendo aún más el rating de la deuda catalana y manteniéndola en bono basura.
Las principales causas de que el horizonte de la deuda catalana no aspire más que a seguir en el bono basura son principalmente políticas. El peligro que advierte la agencia de rating norteamericana son la "tensiones políticas entre Cataluña y el Gobierno central", que según anticipa S&P, "se incrementarán".
Las perspectivas de S&P no son nada halagüeñas puesto que la mala calificación que tiene el pasivo catalán hace que el único acreedor actualmente sea el propio Estado. En este sentido, aseguran que "el panorama es negativo" ya que un aumento de las tensiones políticas "puede interferir en que el acuerdo mantiene el gobierno central con Cataluña y que permite a la región pagar su deuda, lo que afectaría probablemente de forma negativa a la evaluación de la deuda".
La futura calificación del bono catalán lo supedita a que Cataluña siga manteniendose dentro del status quo del marco legal y económico español. Ya que si la Generalitat "decide no seguir con los acuerdos con el gobierno central para asegurar su financiación" este escenario negativo podría desarrollarse en 2016. De todos modos, Standard &Poors confía en que el Estado continuará comprando deuda catalana y financiando a la región para que tenga liquidez, pero en el caso de que no hubiera una correcta "coordinación" entre el ejecutivo catalán y el gobierno central derivada de esas tensiones, el apoyo económico del Estado podría verse "comprometido".
La agencia asegura que el "desempeño presupuestario" de Cataluña sigue "muy débil" y apunta que "el presupuesto de Cataluña y su plan económico y financiero contiene asunciones no realistas sobre los ingresos de concesiones administrativas, la venta de activos y las transferencias del Gobierno".
Junts pel Sí opta por romper
Mientras S&P hundía la nota crediticia catalana y la supeditaba a la estabilidad política, el número uno de la candidatura de Junts pel Sí, Raül Romeva, así como una de las coordinadoras, Marta Rovira (ERC), abrazaban los postulados rupturistas que propuso la CUP.
Por lo que gran parte de la cúpula del futuro govern opta por la desobediencia y la ruptura inmediata con el marco legal español, lo que pondría el cese de la financiación por parte del Estado. En tal caso, el plan de Junts pel Sí sería financiarse con créditos puente. De hecho, la Generalitat concibe la opción de recorrer a la venta de bonos financiados por los propios ciudadanos, a través de un anticipo del pago de impuestos que después quedarían compensados en las declaraciones de la renta.
Un escenario opuesto a cuando los proyectos de la Generalitat suponían una opción interesante e incluso golosa para los inversores, no hace más de diez años.
