La sanidad pública ha retrocedido a niveles de 2006 en inversión y vive un proceso de privatización encubierta a causa de los 'tijeretazos' que la han colapasado. El conseller responsable, Boi Ruiz, firma su 'testamento político' y se reafirma en los ajustes realizados. Lee el reportaje completo gratuitamente en la Revista elEconomista Catalunya
Una de las estructuras que la Generalitat de Catalunya siempre ha utilizado como objeto de alarde es el modelo sanitario catalán mixto, que integra en una sola red de utilización pública todos los recursos sanitarios, sean o no de titularidad pública, y que recoge una tradición de entidades como mutuas, fundaciones, consorcios o agrupaciones religiosas.
Un modelo que se fraguó en los gobiernos de Jordi Pujol y que recibió el espaldarazo definitivo en el segundo tripartito con la socialista Marina Geli al frente de la cartera sanitaria, cuya gestión puso la semilla de la mercantilización a la que se está desviando la sanidad .
En la última legislatura, la deriva hacia la privatización del sistema sanitario público se ha acentuado con los recortes ejercidos por el govern de Convergència i Unió, quien ha sostenido al frente de la conselleria de Sanidad -tanto con el PP como con ERC- a Boi Ruiz, ex presidente de una de las principales patronales de la sanidad privada, la Unió Catalana d'Hospitals. En un balance de legislatura, el legado de Boi Ruiz es prácticamente imposible de defender con un tijeretazo del 14,3 por ciento del presupuesto sanitario.
Aunque el president Artur Mas niega la mayor al asegurar que no se les puede catalogar como "el gobierno de los recortes", sino como "el gobierno que ha ejecutado los recortes impuestos por Madrid, lo mejor que ha podido".
Boi Ruiz se reafirma en sus recortes sanitarios
El conseller que mayores recortes ha hecho en el sistema público sanitario catalán no repetirá en el cargo a pesar de la victoria de Junts pel Sí el 27-S. Lo evidencia el testamento político que ha dejado en el medio Redacción Médica, donde se reafirma en la aplicación de su receta de recortes sociales para mantener el sistema de salud. Boi Ruiz alude también, como Mas, a la infrafinanciación, pero ofrece una declaración de principios inédita.
El conseller en su análisis ya no habla sólo de la solución que debe aplicarse a la sanidad catalana para que sea "viable", sino que lo enfoca desde una perspectiva general y pone como soluciones "sacrificar la universalidad y la cartera de prestaciones, reduciendo el número de personas derechohabientes y/o limitando las prestaciones de financiación pública", o como otra solución, también aboga por "considerar, en orden de prerelación, el derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud como el primero a preservar y reduciendo los costes a la satisfacción de ese derecho".
En resumen, "gastar menos haciendo lo mismo", culmina. Como otras soluciones, el conseller no dudaría en aplicar "actuaciones inequívocas" como "una reducción de retribuciones y condiciones laborales, reducción del gasto en farmacia y frenando inversiones".
Acto seguido, Boi Ruiz explica que para hacer "más liviana la situación", se puede acudir a "incrementar impuestos, establecer copagos y aumentar el porcentaje que se destinan a la financiación de las autonomías", hecho que certifica que el copago sanitario del euro por receta -medida suprimida por el Tribunal Supremo en 2013- formaba parte del catálogo de soluciones endémicas del gobierno convergente, ya no tanto por la crisis, sino como solución definitiva.
La sanidad catalana retrocede en inversión hasta 2006
Boi Ruiz nunca ha escondido su pasado como director de una de las patronales más importantes de hospitales privados -conocida como La Unió con 400 centros y 60.000 trabajadores- y así lo hizo notar en sus primeras declaraciones como conseller al recomendar a los catalanes que se hicieran una mutua privada.
El plan de ajuste llevado a cabo por el ejecutivo de Mas se cebó especialmente con los dos puntales del Estado de Bienestar, como es la educación -recorte de 1.076 millones- y la sanidad . Los datos del Departament de Salut de la Generalitat son inequívocos: desde la llegada de CiU a la Generalitat en 2011 se ha realizado un recorte de 1.408 millones de euros en el presupuesto sanitario catalán, con un descenso del gasto sanitario per cápita que ha hecho que se retroceda a niveles de 2006 pero con más población (369.000 personas más).
También se han cerrado 775 camas en la red hospitalaria pública y se han recortado 1.167 médicos del Institut Català de Salut (ICS) por no renovación de contratos, no sustitución de jubilaciones y no cubrimiento de plazas vacantes. Todo esto sumado a una rebaja salarial del 30 por ciento para sus 38.000 trabajadores.
En su balance de 2014, el govern presentaba una reducción de las listas de espera en relación al año anterior del 12 por ciento, aunque el secretario general de Metges de Catalunya, Francesc Duch, denuncia que estas listas dan una visión distorsionada de la realidad, puesto que "sólo se cuenta desde que llaman al paciente para la intervención, no desde que el médico diagnostica que hay que operar", con lo que los tiempos se multiplican y esto queda sin reflejar.
En cualquier caso, la comparación entre las listas de espera de 2014 (193.879 pacientes) y 2010 (153.916 pacientes) no deja lugar a dudas del colapso que ha sufrido la sanidad pública catalana con los recortes. De hecho, en cuanto al gasto sanitario per cápita, cada catalán recibe 177 euros menos que en 2010. Actualmente, la Generalitat invierte un 5,7 por ciento de su PIB en la salud pública, por debajo de lo que invierte el resto del Estado (6,7 por ciento), la media de la OCDE (6,6 por ciento) y casi dos puntos menos que la media europea, que destina un 7,5 por ciento.
La plataforma Dempeus per la salut, surgida en defensa de los ataques a la sanidad pública al igual que otras como Marea Blanca, alertó en un artículo la reducción presupuestaria y la pérdida de 5.810 profesionales desde 2010 entre enfermeras, auxiliares, administrativos y médicos.
El presupuesto de la empresa pública -y proveedora sanitaria- más grande de Catalunya, el ICS, tampoco ha estado exenta de recortes presupuestarios, pues ha dejado de ingresar 363,6 millones de euros en cinco años -en 2010 tenía 2.900 millones de presupuesto y pasó a tener 2.551 millones en 2015-. El ICS gestiona casi 300 Centros de Atención Primaria (CAP), da atención a seis millones de pacientes y es propietaria de ocho hospitales -Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta de Tortosa y Viladecans, además del de la Vall d'Hebron, Germans Trias y Bellvitge en Barcelona-. Según Duch, estamos "ante un proceso de desmembramiento encubierto de la empresa más grande de Catalunya en pequeñas empresas". Algo que asegura "no se justifica porque funciona".
Apuesta por la sanidad privada en detrimento de la pública
Todas estas medidas han tenido claros efectos visibles en las salas de urgencia, en las listas de espera y en el tratamiento de los pacientes, además de las condiciones de trabajo de todos los profesionales sanitarios, que han visto cómo con menos personal tienen que asumir más responsabilidades, en una dinámica de disminución salarial y reducción de primas o pagas como la de objetivos. Además de la presión, la insatisfacción laboral por ver que los centros están desbordados no ayuda al ambiente de trabajo.
Mientras el sector sanitario público sufre recortes, algunos hospitales privados que pertenecen a la red de centros de utilización pública (Siscat) han visto como se les derivaban cada vez más casos de la pública. Tal y como denunciaba el medio de investigación Crític, hay entidades sanitarias que han aumentado su actividad y beneficios a través de esta vía. El ejemplo más evidente es el de IDCsalud, holding sanitario controlado por el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, que pasó de recibir 64 millones de euros públicos en subvenciones en 2010 a casi 79 millones en 2014. IDC surge de la compra del Grupo IDC por la multinacional sueca Capio, que con ello pasó a controlar el Hospital Sagrat Cor, Clínica del Vallès, además del Hospital General de Catalunya.
Y es que el traspaso de pacientes de la pública a la privada es como la pescadilla que se muerde la cola: se derivan pacientes de centros públicos por el colapso -ya que se mantienen muchas de sus camas cerradas- a privados que tienen contratos fijos. Duch culpa a la ex consellera, Marina Geli, que fue quien puso la semilla al pactar una serie de contratos con entidades privadas -l'Aliança que luego pasó a Capio-IDC- para garantizar puestos de trabajo en el sector privado a finales de su mandato. Ahora, estos contratos siguen vigentes y según Duch, "se produce la paradoja que hay un convenio que tienes que pagar igual y lo que te ahorras con los recortes de la pública lo tienes que pagar a la privada por el trabajo que te ha dejado de hacer la pública".
La sanidad catalana también se ha visto salpicada por la polémica creación de consorcios que a través de la ambigüedad dentro sus estatutos abre la puerta a que empresas privadas entren en la gestión de centros públicos. Otro de los temas turbios es el proyecto VISC+, de venta de datos sanitarios de pacientes. Este proyecto no inquieta a Metges de Catalunya, que asegura que les han garantizado que se respeta la privacidad y la no intervención de empresas privadas.