La vicepresidenta Munté, Romeva y Junqueras, en la quiniela de presidenciables
Artur Mas es un político con siete vidas. Durante sus últimos cinco años de gobierno ha vivido al límite y siempre aumentando la apuesta nacionalista hasta transformarse en un independentista casi radical. Sin embargo, el resultado electoral del pasado domingo parecía poner fin a su carrera política. Pese a la victoria de Junts pel Sí, Mas perdió el plebiscito que había planteado y se quedó con 62 escaños en el Parlament, uno menos que el bloque constitucionalista. Con ese resultado, su reelección depende de los votos de los 10 diputados de la CUP que se niegan a investirlo. El desenlace parecía cercano.
Pero de repente, ayer apareció el clavo ardiendo al que Mas siempre se agarra. Esta vez por obra y gracia de sus enemigos políticos: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le citó a declarar como imputado por la consulta independentista del pasado 9 de noviembre de 2014. El president declarará el próximo 15 de octubre como imputado por un presunto delito de desobediencia. También lo harán, dos días antes, la exvicepresidenta del Gobierno Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por el mismo motivo. La Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre de 2014 la querella contra Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave a una resolución del Tribunal Constitucional, prevaricación, malversación de dinero público y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N.
Rápidamente, el gobierno de la Generalitat, a través de su vicepresidenta Neus Munté, aprovechó la imputación para reclamar el apoyo a la investidura de Mas y pidió a la CUP "respeto" por el ahora presidente en funciones. El partido de extrema izquierda, CUP, expresó su "rechazo" a la imputación y exigió el archivo de la causa. Su candidato, Antonio Baños, alertó de que "estos actos de desobediencia se repetirán".
Pese a este apoyo explícito, la CUP no quiere investir a Mas y apuesta por una persona que no esté ligada a los dos últimos ejecutivos de CiU. Los dos candidatos mejor situados para este partido son el número uno de la lista de Junts Pel Sí, Raül Romeva (ex ICV), y el propio presidente de ERC, Oriol Junqueras (número cinco de la candidatura).
Sin embargo, Convergència, que controla al 60 por ciento de los miembros de la lista de Junts pel Sí, difícilmente cederá el liderazgo del proceso a una persona ajena al partido. En ese contexto, ha emergido como posible candidata la propia Neus Munté, octava de la lista por Barcelona, ex miembro de la UGT y ex consejera de Bienestar y Familia del gobierno de Mas.
Reacciones de apoyo a Mas
Las reacciones a la imputación de Mas no se hicieron esperar. La vicepresidenta de la Generalitat calificó como "juicio político" que se haya imputado a Mas, su antecesora en el cargo Joana Ortega (UDC) y a la consellera de Educación, Irene Rigau. Munté denunció "instrumentalización política" en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado "contra el parecer de los fiscales catalanes".
El líder de C's, Albert Rivera, rechazó juzgar a Mas por su actuación alegando que "eso debe hacerlo la justicia", y espetó que "sería un gravísimo error mezclar sus cuentas con la justicia con su pésima actuación". Aunque aseguró que "cualquier persona que supuestamente haya incumplido la ley debe dar explicaciones".
En el ámbito empresarial, el presidente de la patronal Pimec, Josep González, calificó de "sorpresivo" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hiciera esta acción justo después del 27-S y "en plena formación del Govern".
Mas no podrá declarar por videoconferencia ni por escrito, por lo que tendrá que hacerlo en persona el jueves 15 de octubre ante el TSJC, el día en que se cumplen 75 años del fusilamiento del presidente de la Generalitat durante la República, Lluís Companys. Cada 15 de octubre, las instituciones catalanas rinden homenaje a Companys en el Cementerio de Montjuïc, acto al que Mas podría no asistir este año por su imputación.
