El resto de grupos en bloque, con excepción de la CUP, votaron ayer contra la alcaldesa de la ciudad
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sufrió ayer noche su primera gran derrota en el Ayuntamiento. La oposición en bloque (CiU, Ciutadans, ERC, el PSC y el PP) votó contra la moratoria hotelera dictada por la alcaldesa y le dieron un mes para que la reconsidere. Sólo la CUP votó a favor de los postulados de Barcelona en Comú.
La votación ganada por los grupos de la oposición es un ultimátum a la alcaldesa para que levante la moratoria hotelera en aquellos barrios de la ciudad que no están sometidos a excesiva presión turística. Entre esos distritos se encontraría la zona del 22@, un barrio en desarrollo que concentra nueva actividad empresarial relacionada con las nuevas tecnologías y en el que está ubicada la Torre Agbar, uno de los proyectos más emblemáticos que ahora está afectado por la moratoria.
El otro barrio donde se podría levantar la moratoria sería en La Sagrera, una zona obrera donde se está construyendo la nueva gran estación de tren de Barcelona, para cuyo desarrollo urbanístico también sería necesaria la promoción de una cierta planta hotelera.
"Son barrios emergentes y, si queremos convertirlos en polos de atracción turística, es necesario que impulsemos nuevas plazas turísticas", aseguró la presidenta del grupo municipal de Ciutadans, Carina Mejías, uno de los grupos artífice de la propuesta, a la que se ha sumado el resto de la oposición.
La votación y el acuerdo se tomaron anoche durante una comisión, que instaron Ciudadanos y PSC, en la que se reclamó también al Gobierno municipal que presente los informes técnicos que avalan la decisión de imponer una moratoria de un año para la construcción de nuevos hoteles o la apertura de más apartamentos turísticos. Pese a ello, los promotores de hoteles ya anunciados han alegado que el artículo 105.2 de la Ley de Urbanismo especifica que no se pueden suspender las licencias hoteleras cuando ya se ha otorgado el certificado de actividad.
Según el Gremio de Hoteleros de Barcelona, existen 18 proyectos en esa situación. En caso de no permitir la construcción de los inmuebles, los promotores podrían demandar al Ayuntamiento y reclamar indemnizaciones. Por este motivo, los grupos de la oposición también solicitaron a Colau aclarar si la corporación ha provisionado estas posibles compensaciones.
Según cálculos de la oposición, las inversiones paralizadas ascendían a unos 200 millones de euros. Sin embargo la Cámara de Comercio, por su parte, considera que las inversiones perdidas pueden llegar a los 3.000 millones de euros.